Washington.- Ocho grupos sindicales y de derechos humanos de EE.UU. instaron hoy al Gobierno de Colombia a que cese las amenazas y declaraciones contra líderes sindicalistas y activistas de derechos humanos, y respete su labor en ese país.
"Buscamos esta acción a la luz de la reciente amenaza de muerte contra una abogada de una prominente organización de derechos humanos y las reiteradas declaraciones del Gobierno que estimagtizan a los defensores de derechos humanos y sindicalistas", indicaron en un comunicado.
Los grupos cívicos pidieron que el Gobierno de Bogotá investigue una amenaza de muerte "muy detallada" contra la abogada Lina Paola Malagón, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el pasado 2 de marzo.
La amenaza, firmada por el grupo Águilas Negras- Bloque Capital, indicaba que Malagón había sido declarada un "objetivo militar" por su asociación y trabajo en pro de CCJ, además de su apoyo a sindicalistas.
Según la declaración de los ocho grupos, Malagón fue abogada durante años de diversos grupos sindicalistas y recientemente elaboró un informe detallado sobre el fracaso del Gobierno de Bogotá contra la impunidad en los asesinatos de líderes y miembros de sindicatos.
Ese informe, recordaron, sirvió de base al testimonio entregado el pasado 12 de febrero al Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes sobre el clima de violencia y la situación laboral en Colombia.
En esa audiencia, el presidente del Comité, el demócrata George Miller, citó el informe de Malagón.
Según la declaración conjunta, los líderes sindicalistas y de derechos humanos con frecuencia son blanco de amenazas y actos de violencia en Colombia, especialmente por parte de grupos paramilitares.
Agregaron que, desde 1986, más de 2.600 sindicalistas ha sido asesinados y que, en la mayoría de los casos en los que se identificó al responsable, su asesino fue un paramilitar.
Ese problema se agrava, continuaron, "por el hecho de que funcionarios de alto rango del Gobierno continuamente han estigmatizado la labor" de esos activistas.
El mes pasado, señalaron, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, acusó públicamente a quienes denuncian abusos de derechos humanos en su país, de ser parte de "un bloque intelectual" de la guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El Gobierno de Bogotá, que presiona al Legislativo estadounidense por la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC), insiste en que ha tomado medidas para proteger a sindicalistas y demás grupos vulnerables y que, bajo el mandato de Uribe, ha habido una reducción drástica en todos los indicadores de violencia en Colombia.
Además de investigar la amenaza contra Malagón, los grupos humanitarios quieren que el Gobierno colombiano "afirme la legitimidad y el valor del trabajo de los defensores de los derechos humanos en una sociedad libre y democrática".
"Un compromiso público, sostenido e inequívoco al respeto y apoyo a su labor haría mucho por proteger a los defensores de los derechos humanos de las amenazas o la violencia", puntualizaron.
La declaración fue firmada por la federación sindical AFL-CIO, Human Rights First, Human Rights Watch, el sindicato de transportistas Teamsters, y el Grupo de Trabajo de América Latina.
También incluye al Proyecto Estadounidense para el Trabajo y la Educación en las Américas, la Oficina de Washington para América Latina y la Oficina de EE.UU. para Colombia.
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