Santa Cruz de Tenerife.- El PSC advirtió hoy de que la pretensión de CC y PP de ordenar núcleos urbanos en la costa conculca la Constitución y normas de carácter básico que sólo puede dictar el Estado, por lo que de aprobarse esta propuesta la pondrá en conocimiento de los servicios jurídicos de la Administración central.
El grupo Socialista en el Parlamento de Canarias hizo hoy esta advertencia con motivo del debate en la comisión de medio ambiente y ordenación del territorio de la proposición de ley presentada por CC y PP para modificar el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Esta modificación tiene como objetivo declarar y ordenar áreas urbanas en el litoral canario.
El diputado del grupo Socialista Manuel Fajardo dijo a Efe que tal y como está redactada esta proposición se conculca la Constitución y las normas de carácter básico del Estado, entre ellas la ley de Costas.
Por este motivo el grupo Socialista ha presentado enmiendas al articulado de la propuesta "para pulir defectos", pero que han sido rechazadas por CC y PP.
En cuanto el Parlamento apruebe esta proposición en pleno, dijo Manuel Fajardo, el PSC pondrá esta iniciativa en conocimiento de los servicios jurídicos del Estado "para que actúen de la forma en que tengan que actuar".
Sin embargo, los grupos proponentes, nacionalistas y populares, argumentan que esta modificación de la normativa entra en el ámbito de las competencias en la ordenación del territorio que corresponden a la Comunidad Autónoma.
Según el proyecto, la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo hará un censo de edificaciones situadas en el dominio marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y servidumbre de protección, y que tengan un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco.
Para ello se considerará su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social con el objetivo de otorgar concesiones y autorizaciones, que puedan solicitar los titulares de estas edificaciones al amparo de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas.
La inclusión en el censo requerirá el compromiso del titular de la edificación o, en su defecto, del ayuntamiento respectivo, de instalar los servicios urbanísticos básicos en el área en que se ubique, especialmente un sistema de evacuación de aguas residuales que impida su vertido incontrolado al mar.
El censo se aprobará mediante decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo y a iniciativa de los respectivos ayuntamientos, que deberán acompañar la relación de edificaciones, los compromisos citados y el proyecto de urbanización primaria del área en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la norma.
Con esta iniciativa se pretende dar respuesta a una situación que ha motivado la protesta unánime de los colectivos de ciudadanos afectados por la actuación de la Administración estatal, los cuales demandan una mayor seguridad jurídica en el mantenimiento de su patrimonio.
Ello no supone una confrontación con las exigencias de legalidad en la protección del medio ambiente, a la cual "coadyuvará la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante la adopción de las medidas de disciplina urbanística que resulten procedentes", afirma.
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