Santa Cruz de Tenerife.- El Parlamento de Canarias estudiará una proposición de ley en la que se plantea cambios en la ley de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales para la declaración y ordenación de los asentamientos urbanos que se encuentran en el litoral de las islas.
La iniciativa fue presentada por los grupos PP y CC y rechazada por el PSOE, cuyo portavoz en la materia, Manuel Fajardo, argumentó que esta proposición de ley se inmiscuye en competencias exclusivas del Estado y señaló que esos dos partidos mantienen un doble lenguaje y son capaces de prometer como salvable algo insalvable.
El diputado de CC José Miguel González indicó que la proposición de ley pretende paliar la situación que se plantea en varias zonas de la costa del Archipiélago, muchas de ellas muy antiguas y que pueden ser defendidas avalando su carácter urbano o si se encuentran en zonas de dominio público, pidiendo una concesión administrativa por su valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco, tal y como permite la ley de Costas.
En la iniciativa se pide aplicar una disposición de la Ley de Costas que permite la consideración de áreas urbanas a aquellas que a pesar de tener otra calificación, en el caso de Canarias de asentamientos rurales, comprenden terrenos que cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrico así como sean terrenos consolidados por la edificación.
Asimismo en la iniciativa se establece que será la administración urbanística la que fijará el límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre y establecerá la ordenación de los terrenos comprendidos en la misma.
En último artículo de esta iniciativa alude al censo de edificaciones que pueden ser susceptibles por sus características de tener concesiones administrativas para poder permanecer en estas zonas.
José Miguel González, de CC, dijo que con esta norma no se pretende apoyar la indisciplina urbanística ni el chabolismo sino que pretende atender a la situación singular en la que se han visto muchos ciudadanos de las islas que habitan desde hace años en zonas afectadas por la ley de Costas.
González dijo que la ley establecía una zona de servidumbre sin distinguir que había ellas, aunque aseveró que la propia ley permite ciertos usos y una calificación de urbano siempre que cumpliera una serie de requisitos.
González explicó que la ley del Suelo favoreció en Canarias la regulación de los suelos de asentamiento rural, para evitar su crecimiento desordenado, pero señaló que estos suelos tenían consideración de urbano porque tenían las infraestructuras necesarias para ello.
Cristina Tavío, del grupo Popular, indicó que muchos canarios con escasez de medios llevan cuatro años perdidos en el laberinto administrativo por la aplicación de la Ley de Costas y con expedientes pendientes de demolición de sus casas.
Indicó que ha habido una dejación a la hora de hacer los deslindes marítimos-terrestres y señaló que a partir de 2004 cuando el PSOE llegó al Gobierno se produjo un cambio de criterio que ha perjudicado a las islas y al reconocimiento que hasta entonces era válido del carácter urbano de estos asentamientos.
En su opinión, ha habido ensañamiento contra familias canarias y requirió al Gobierno socialista talante hacia los 251 familias afectadas en Tenerife y a las miles que hay en toda Canarias.
Tavío rechazó la gestión que hizo José Fernández en la Dirección General de Costas y lamentó que se prohíban determinadas actuaciones en la costa y se permitan en otras, como el uso de las playas.
Manuel Fajardo, del grupo Socialista, acusó a Tavío de hacer demagogia con el dolor de personas y recordó las competencias exclusivas que en materia de ordenación de costas y suelo tiene el Estado.
Fajardo aludió a la sentencia del Tribunal Constitucional que determina la competencia exclusiva del Estado sobre la aplicación de la ley de costas y consideró que la iniciativa de CC y PP pretende modificar la legislación estatal básica sin tener competencia para ello.
Consideró que vulnera el reglamento de ordenación de costas y señaló que también es competencia estatal determinar el límite interior de la servidumbre de protección.
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