La Paz.- El Senado de Bolivia aprobó un informe que pide investigar al actual ministro de Economía, a dos ex ministros de Hidrocarburos y al superintendente de este sector por presuntos delitos que permitieron la corrupción en la petrolera estatal YPFB, informó hoy ese órgano legislativo.
El Senado avaló la medianoche pasada el informe de una comisión formada por oficialistas y opositores que pide esas investigaciones, además de respaldar las que están en curso contra el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, actualmente preso en un penal de La Paz.
Según el Senado, presidido por el opositor Óscar Ortiz, los posibles delitos cometidos por Ramírez son suscripción de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y asociación delictiva.
Ramírez, otrora hombre fuerte del oficialismo y muy cercano al presidente Evo Morales, fue destituido el mes pasado de su cargo al ser acusado de montar una supuesta red de corrupción en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El Senado también pide investigar por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica al ministro de Economía, Luis Arce, y al superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa.
También a los ex ministros de Hidrocarburos Carlos Villegas, actual presidente interventor de YPFB, y Saúl Ávalos, que pasó a ocupar el cargo de viceministro de Autonomías.
Los cuatro han estado al margen de la investigación que realiza la fiscalía de La Paz.
Las investigaciones del caso comenzaron tras el asesinato del empresario petrolero boliviano Jorge O'Connor D'Arlach, ocurrido a fines de enero cuando trasladaba 450.000 dólares a la casa de unos familiares de Ramírez, suma que la fiscalía consideró un soborno para el ahora ex ejecutivo de YPFB.
La empresa de O'Connor, Catler Uniservice, que tiene socios en Argentina, se adjudicó el año pasado la construcción de una planta de gas por 86 millones de dólares.
Según el fiscal Edward Mollinedo, el Estado boliviano perdió al menos 16 millones de dólares por esta operación, cifra que será difícil de recuperar porque está en manos de "personas extranjeras, empresas privadas y de particulares".
El presidente de la comisión que realizó el informe para el Sanado, el opositor Walter Guiteras, negó hoy que las conclusiones de su trabajo hayan sido negociadas con el oficialismo para no incluir al presidente Evo Morales, como señala el diario La Razón.
Este matutino tituló hoy en portada que "El Senado negocia el caso YPFB y salva al Presidente", lo cual ha rechazado insistentemente el senador opositor Guiteras.
El legislador dijo a la red televisiva UNO que no es "ni política ni legalmente sustentable hacer una acusación contra el presidente de la República por este caso específico".
No obstante, los cuatro prefectos (gobernadores) opositores del país, que están en Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca, creen que Morales sí tuvo responsabilidad por firmar decretos que permitían a YPFB hacer contratos sin cumplir con mecanismos de control.
Los prefectos han demandado formalmente esta semana a Morales ante la Fiscalía General.
En su defensa, el Gobierno ha argumentado varias veces que esos decretos fueron concebidos para acelerar la contratación de bienes y servicios con el propósito de evitar retrasos burocráticos en obras estratégicas para YPFB, cuyos ingresos por venta de gas se consideran el motor de la economía del Estado.
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