Madrid.- Un total de 121 personas murieron en 2008 por actos de violencia doméstica y de género, de las que 90 -el 74%- eran mujeres y, de ellas, 75 fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas.
Son datos del informe realizado por el Consejo General del Poder Judicial para comprobar si existieron denuncias previas a estos asesinatos y analizar la respuesta que dieron los tribunales, que en el caso de las 75 mujeres asesinadas por sus parejas, sólo el 20 por ciento había denunciado.
En la cifra global de víctimas se incluye tanto las de violencia doméstica -hijos, hijas, madres, padres, abuelos, abuelas, entre otros-, como los de violencia de género o machista, que se desarrolla en el ámbito de la relación de pareja o ex pareja.
El informe llama la atención sobre el hecho de que en cuatro de cada diez casos, tanto el agresor como la víctima tenían una edad inferior a los 36 años.
Entre las víctimas de la violencia doméstica del pasado año, 15 eran menores de edad.
También destaca la tendencia al alza del número de víctimas mortales en las que agresor y/o víctima son extranjeros, con un porcentaje del 40 por ciento de los casos, frente al 38,2 de 2007.
Estas situaciones, provocan un descenso de las víctimas españolas en las que el agresor también es español, que en 2008 fueron el 48 por ciento del total de muertes por violencia de género, 7,4 puntos menos que en el año 2007 y 16,5 puntos menos que en el 2006.
En el 74 por ciento de los casos la relación de pareja subsistía formalmente en el momento de producirse la muerte; y de estos, en el 58,7 por ciento de los casos existía convivencia.
El informe analiza las denuncias presentadas por 15 de las 75 víctimas de violencia machista (lo que lo que representa un 20 por ciento del total, mientras que en 2007 denunció el 36,5 por ciento).
Por tanto, el pasado año, en el 80 por ciento de los casos de víctimas mortales de género los órganos judiciales no tenían constancia de la situación de malos tratos previa.
La mayoría de las denuncias, que son por situaciones de violencia mantenida en el tiempo en todos los casos, excepto en uno, se presentaron ante la Policía y la Guardia Civil, el 63%, y sólo el 3,7 por ciento ante el órgano judicial.
También en todos los casos, excepto en uno, fue la mujer la que denunció los hechos. El único denunciante hombre fue posteriormente imputado en la muerte de su pareja.
La media de días que transcurre desde la fecha de la denuncia ante Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la fecha de incoación del procedimiento penal está situada en 11,6 días; de estos, casi seis se utilizan para diligencias de investigación por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Las denuncias mayoritariamente se refieren a malos tratos familiares (35%), lesiones (17%) y quebranto de medida cautelar o de condena (14%).
En el 67 por ciento de los casos fue citada para comparecer ante el órgano judicial en el mismo día o al siguiente.
De los 15 casos denunciados, en doce se adoptó medida cautelar (80 por ciento) pedida por la víctima. De los tres casos en los que no se acordó, dos fueron porque las víctimas renunciaron a continuar el procedimiento y en el tercero resultó condenada la mujer.
Respecto a la intervención de los profesionales, en el 54,5 por ciento el Ministerio Fiscal solicitó medidas cautelares, en un 58,3 por ciento de los procedimientos en los que se adopta la medida cautelar la víctima está asistida de letrado y en el 80 por ciento de los procedimientos por lesiones y malos tratos consta la intervención de médico forense.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, ha invitado a reflexionar sobre el descenso de la franja de edad de los agresores y víctimas y sobre el aumento de agresiones entre parejas extranjeras.
Respecto a la respuesta judicial, destaca una progresiva implantación de los recursos previstos en la Ley Integral, con el aumento de la intervención de abogados de las víctimas, Ministerio Fiscal, Ministerio Forense y trabajadores sociales.
Recuerda que en el año 2008 se dictaron, aproximadamente, 30.000 órdenes de alejamiento por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y tres de ellas estaban vigentes al tiempo de la muerte de la víctima.
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