Managua.- Las pretensiones de Costa Rica de navegar por el nicaragüense río San Juan con pasajeros, turistas o efectivos armados, por las que ha demandado a Managua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, carecen de fundamento, opinó hoy un ex agente de Nicaragua ante ese tribunal.
"Las dos pretensiones fundamentales de Costa Rica, que son navegar el río con pasajeros y con turistas, y en segundo lugar, navegar para aprovisionamiento de puestos fronterizos y el transporte de pertrechos, incluyendo municiones y armas, no tienen ningún fundamento", declaró el jurista Mauricio Herdocia a la prensa local.
El tribunal internacional, con sede en La Haya (Holanda), fijó del 2 al 12 de marzo próximo la fase oral de ese proceso, también conocida como audiencias públicas, por la demanda interpuesta por San José por los derechos de navegación en el río San Juan, ubicado cerca de la frontera con Costa Rica.
"Si es un río de Nicaragua indudablemente Costa Rica no podría navegar con efectivos armados, ni portando armas, pertrechos ni municiones, ni aprisionando sus puestos fronterizos", argumentó el jurista nicaragüense.
Por otro lado, Herdocia recordó que el tratado bilateral Cañas-Jerez, que suscribieron Nicaragua y Costa Rica el 15 de abril de 1858, deja muy clara la soberanía de Nicaragua sobre el río, lo que limita la pretensión costarricense de navegación con pasajeros y turistas.
El tratado de límites otorga sólo derecho de navegación a Costa Rica "con objetos de comercio", agregó.
Esto "significa simple y sencillamente mercancías, artículos de comercio, es decir en ningún modo pasajeros, en ningún modo turistas", alegó.
Nicaragua se ha declarado preparada para la fase oral prevista en la CIJ por la demanda interpuesta por Costa Rica, bajo la coordinación de su representante ante el máximo tribunal de justicia, el embajador Carlos Argüello.
El conflicto surgió en 2001, cuando el Gobierno nicaragüense impidió a policías costarricenses navegar armados por ese río, por lo que San José demandó a Nicaragua el 28 de septiembre de 2005 ante la CIJ.
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