Buenos Aires.- El juicio contra un ex gobernador de facto de la norteña provincia argentina de Formosa quedó hoy suspendido, en su primera jornada de audiencias, tras la descompensación sufrida por el acusado, informaron fuentes judiciales.
El general Juan Carlos Colombo, acusado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983), fue ingresado en un hospital de Buenos Aires, ciudad desde la que seguiría por videoconferencia las audiencias del juicio en su contra.
El presidente del Tribunal Oral Federal de Formosa, Eduardo Belforte, dijo a la prensa que se ordenará a médicos forenses que constaten el estado de salud del militar, quien gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria por su deteriorado estado de salud.
Colombo, de 84 años y que gobernó Formosa entre 1976 y 1981, había sido trasladado en las mañana de hoy a los Tribunales de Buenos Aires para asistir mediante sistema de videoconferencia a la primera audiencia del juicio en su contra.
Pero durante la lectura de los cargos, el procesado alegó estar "descompensado", lo que movió a Belforte a pasar a un cuarto intermedio en el juicio, que finalmente quedó suspendido.
"Cuando habla con su abogado por teléfono se le ve muy bien, pero cuando escucha las acusaciones en su contra baja la cabeza. No sería extraño que estuviera simulando" dijo a la prensa local el abogado querellante Pedro Velázquez Ibarra.
Colombo está acusado de asociación ilícita en calidad de jefe, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados retirados y desaparición forzada de personas.
Además del proceso contra el ex gobernador de Formosa, otros dos importantes juicios orales y públicos relacionados con delitos de lesa humanidad se ventilan por estos días en Argentina.
En uno de ellos está sentado en el banquillo de los acusados el general retirado Jorge Olivera, un emblemático represor de la dictadura.
El octogenario ex militar está acusado de 120 secuestros, incluido el del escritor Haroldo Conti, y de los homicidios de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los militantes de izquierda también uruguayos Rosario Barredo y William Whitelaw.
En términos de cantidad de víctimas, este proceso judicial es considerado el más importante por crímenes de terrorismo de Estado desde el histórico juicio a las Juntas Militares en 1985.
En el otro proceso, el juzgado es el ex agente de inteligencia Víctor Rei, acusado de apropiarse del hijo de una pareja de desaparecidos durante el régimen de facto.
Sobre Rei, quien fuera subjefe de inteligencia de la Gendarmería, pesan los cargos de "retención y ocultamiento de identidad" del hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval, y de falsificación de instrumento público, delitos que las leyes argentinas castigan con penas de 25 años de cárcel.
Según cifras oficiales, unas 18.000 personas desaparecieron en Argentina a manos de grupos paramilitares durante el último gobierno de facto, aunque las entidades de derechos humanos elevan la cifra de víctimas a 30.000.
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