Madrid.- Bancaja, La Caixa y Caja Madrid han sido las principales adjudicatarias de las cuatro subastas del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, del total de 54 entidades que han obtenido financiación mediante este sistema ideado por el Gobierno para impulsar la concesión del crédito.
Así lo dio a conocer hoy el secretario de Estado de Economía, David Vegara, en su primera comparecencia en el Congreso para informar sobre la actividad del fondo, en cuyas subastas no figuran las dos grandes entidades españolas, BBVA y Santander.
De las 54 entidades adjudicatarias, ocho han sido bancos, 45 cajas (38 de ahorros y siete cooperativas) y una compañía financiera.
Las tres grandes cajas se hicieron con las mayores cantidades: Bancaja, con 1.498,8 millones de euros (el 7,75% del total); La Caixa, 1.338 millones (el 6,92%) y Caja Madrid, 1.320,3 millones (el 6,83%).
Hasta ocho entidades han superado los mil millones de adjudicación, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), al recibir 1.315,3 millones; Banesto (1.301 millones); Sabadell (1.237,1); Caixa Catalunya (1.024,5 millones) y Bankinter (1.013).
Además, de entre las mayores entidades del sistema, Banco Popular se ha adjudicado 939,7 millones (el 4,86% del total).
Tras dar cuenta de estos datos, el secretario de Estado de Economía destacó que las cuatro subastas del fondo -desde la primera del pasado noviembre hasta la última del 30 de enero- han permitido inyectar al sistema financiero español 19.341 millones de euros, que han llegado a un número de entidades "relativamente elevado".
Respecto a la finalidad del fondo, Vegara reconoció que de momento "no es fácil" ver el impacto que está teniendo en la evolución del crédito, aunque matizó que sí ha contribuido al impulso de la concesión de crédito al sector privado residente.
Vegara consideró que tanto la instrumentación del fondo como el resultado de las cuatro subastas "merecen una valoración positiva", con resultados "más que aceptables".
Durante su intervención, Vegara también hizo alusión a la salud del sistema financiero español y aseguró que aunque "aún no es necesario" intervenir ninguna entidad, sí "puede llegar a serlo".
"Con esta crisis uno no puede pensar que no va a haber ningún problema", destacó.
En el caso de hacerlo, el secretario de Estado adelantó que se haría usando el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) -que se nutre de las aportaciones de las entidades-, porque "no cuesta ni un euro a los ciudadanos", y a partir de ahí se decidirá lo que es conveniente para cada institución.
En la misma línea, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, afirmó hoy durante la presentación de ejecución presupuestaria que la forma de dar respuesta a una crisis en una entidad financiera "poco tiene que ver con el Estado", y añadió que es al FGD al que hay que recurrir.
Subrayó además que el ir más allá y recapitalizar un banco con recursos públicos no está en la agenda inmediata del Gobierno.
Vegara recordó que, con motivo del recrudecimiento de la crisis financiera, en octubre de 2008 el Gobierno aprobó un decreto ley para poder adquirir títulos de entidades financieras para recapitalizarlas si fuera necesario.
Durante la comparecencia del secretario de Estado, los grupos parlamentarios volvieron a recriminar que el Gobierno no ponga condiciones a los bancos para que se restablezca la concesión de crédito.
El portavoz del PP, Álvaro Nadal, advirtió al Ejecutivo del riesgo que puede hacer "cayendo en un ridículo sonrojante" en su análisis sobre la situación del sistema financiero, como ya le ocurrió cuando negó la crisis.
Desde CiU, Inmaculada Riera destacó que la profundidad de la crisis es "altamente preocupante" para las pymes, mientras que Pedro Azpiazu, del PNV, aseguró que el Gobierno podría hacer más para que las entidades hagan llegar el dinero a familias y empresas.
El diputado de IU-ICV Joan Herrera subrayó que el esfuerzo del Gobierno por suministrar liquidez a los bancos "no vale" porque no se han puesto condiciones a las entidades para que aumenten el crédito, en tanto que desde el PSOE Montserrat Colldeforns rebatió que el objetivo del Gobierno no es obligar a dar crédito, sino facilitar que vuelvan a darse las condiciones para que ese crédito fluya.
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