Toledo.- El Gobierno de Castilla-La Mancha plantea por primera vez de forma explícita la posibilidad de que la reforma del Estatuto de Autonomía de esta comunidad sea aprobada sin los votos del PP, una vez que esta formación ha confirmado que no votará un texto que mencione la caducidad del trasvase Tajo-Segura.
Así lo manifiestan a Efe fuentes del Ejecutivo que preside José María Barreda, que exponen que la postura del PP limita a dos las opciones de futuro del Estatuto: la aprobación con los votos del PSOE y otras formaciones parlamentarias minoritarias o la retirada del proyecto de las Cortes Generales.
La posibilidad de que el texto se apruebe sin consenso supone un cambio significativo en el discurso del Gobierno castellanomanchego y del PSOE, que hasta ahora habían insistido en que el proyecto había nacido del consenso -es el único de los tramitados hasta ahora que fue votado por unanimidad en el Parlamento de origen- y que así debía seguir.
El cambio se ha producido después de que el diputado del PP por Toledo Arturo García-Tizón, uno de los responsables de las negociaciones en el Congreso, dijera ayer a Efe que su partido no apoyará un Estatuto que incluya un fecha de caducidad del trasvase, aunque sea en el preámbulo, como proponen las enmiendas del PSOE.
El Gobierno de Barreda no va a renunciar a que el Estatuto mencione la caducidad del trasvase en 2015 y cree incomprensible que el PP trate con distinto rasero el Estatuto de Castilla-La Mancha que los de Andalucía o la Comunidad Valenciana.
Así, apunta por primera vez la posibilidad de que las Cortes Generales aprueben el Estatuto sin los votos del PP, para lo cual el PSOE debería buscar el apoyo de otras formaciones políticas, pues el carácter orgánico de la ley obliga a que sea aprobada por mayoría absoluta.
Las fuentes consultadas por Efe sostienen que el PSOE no tendría problemas para lograr el respaldo del resto de los grupos, a excepción de UPyD, cuya representante en el Congreso, Rosa Díez, votó en contra de la toma en consideración del proyecto.
El Ejecutivo considera "doblemente sangrante" que el encargado de anunciar el rechazo de su grupo a esta aspiración haya sido un diputado por Toledo como Arturo García-Tizón, presidente del PP en la provincia de Toledo.
"Es vergonzoso", se quejan las fuentes consultadas por Efe, que aseveran que a García-Tizón sólo le queda rectificar o renunciar a su acta de parlamentario por Toledo.
La caducidad del trasvase en 2015 fue la 'cláusula estrella' que socialistas y populares de Castilla-La Mancha incluyeron en el articulado de la propuesta estatutaria y, desde el primer momento, encontró el rechazo de ambas formaciones en Murcia y la Comunidad Valenciana, principales beneficiarias de la infraestructura.
En sus enmiendas, el grupo socialista en el Congreso ha suprimido el 2015 de la disposición transitoria en la que figuraba y lo ha limitado al preámbulo, sin fuerza normativa, y como una fecha en la que, para las Cortes de Castilla-La Mancha, llegaría "la extinción del trasvase".
El PP, por su parte, también ha incluido en el preámbulo la fecha de 2015, pero no para mencionar la extinción del trasvase, sino en alusión a la fecha de aplicación plena de la directiva marco del agua de la UE, que obligaría a aumentar el caudal del Tajo y, de esa manera, reducir los trasvases.
Barreda, que amenazó con retirar el Estatuto si el Congreso lo devaluaba, opina que las enmiendas del PSOE mantienen lo "esencial" del proyecto, sobre todo porque establecen una reserva de 600 hectómetros cúbicos "no trasvasables" para la cuenca del Tajo en Castilla-La Mancha.
El Ejecutivo regional, que interpreta que esa reserva estará en los embalses de cabecera del Tajo, sospecha que el rechazo a la fecha de caducidad por parte del PP es "una excusa", porque lo que en realidad no admite es la cláusula de los 600 hectómetros.
La satisfacción de Barreda por el contenido de las enmiendas socialistas reduce las posibilidades de que pida la retirada del proyecto.
Así, el Gobierno autonómico, a diferencia de lo planteado hasta ahora, considera probable el escenario de un Estatuto sin el voto del PP y advierte de que los dirigentes del PP en esta comunidad y, sobre todo su presidenta, María Dolores de Cospedal, tendrán que dar muchas explicaciones sobre la actuación de su partido.
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