Lima.- La defensa del ex presidente peruano Alberto Fujimori intenta llevar el juicio por violaciones a los derechos humanos que se le sigue al ex gobernante al plano político, afirmó hoy el fiscal supremo adjunto, Avelino Guillén.
El fiscal declaró a la emisora Radioprogramas del Perú (RPP) que esto se vio en el inicio de los alegatos finales del abogado de Fujimori, César Nakasaki, quien señaló el lunes que el ex gobernante es juzgado por su política de Estado de combate al terrorismo.
"A Fujimori no se le está juzgando por su actividad política. Eso es algo en lo que no nos pronunciamos. Nakazaki hábilmente pretende llevar a un juicio penal un tema político. Quiere poner en el banquillo de los acusados a su agrupación política", indicó Guillén.
Añadió que la fiscalía está "reprochando penalmente a Fujimori la conducta ilícita que realizó, la conducta delictiva que ordenó realizar".
Guillén también enfatizó que el juicio "no es un cuento", sino "una realidad concreta" y que la fiscalía considera "firmemente que la culpabilidad de Fujimori se ha demostrado razonablemente".
El fiscal informó que se han presentado alrededor de 500 documentos, 18 audios y videos, y cerca de 60 testigos para sustentar la acusación del Ministerio Público contra Fujimori.
"Las (pruebas) más importantes son las órdenes iniciales que dio Fujimori, que determinaron la aplicación de métodos de guerra sucia en el Perú", remarcó.
Guillén también dijo que Fujimori reconoció durante el proceso que le encargó el combate al terrorismo a su entonces asesor Vladimiro Montesinos, quien tomó el control del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), del dinero que se le entregaba a este organismo y del manejo de las Fuerzas Armadas.
"Esa es una orden en un plano extralegal, es una respuesta paralela a la respuesta institucional. Esa orden fue para que Montesinos aplique otro método distinto a la respuesta oficial", anotó.
El representante del Ministerio Público aseguró que "la misma actividad del destacamento Colina", el grupo militar que cometió las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, "corrobora plenamente la tesis de la fiscalía".
"Montesinos dirigió, manejó operativamente al destacamento Colina, y nadie puede sustentar que Fujimori desconocía lo que hacía Montesinos. Fujimori, vivió, despachó y trabajó en el SIN. Él estaba plenamente enterado de lo que sucedía", concluyó.
Nakasaki señaló el lunes que este juicio tiene profundas connotaciones políticas e insistió en que ni la fiscalía ni los abogados de la acusación han mostrado pruebas.
El ex mandatario (1990-2000) es procesado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde murieron 25 personas en 1991 y 1992, y por el secuestro de un periodista y un empresario tras el "autogolpe" de 1992.
Un sondeo publicado el lunes último señaló que un 54,4 por ciento de los peruanos considera que Fujimori debe ser sentenciado, cuando menos, a 30 años de cárcel.
La encuesta de la empresa privada CPI indicó que el 41,5 por ciento está de acuerdo con el pedido de la fiscalía de 30 años de prisión, un 12,9 por ciento cree que la sanción debería ser mucho mayor, un 35,3 por ciento considera que la solicitud es excesiva y el 10,3 por ciento no sabe o no opina.
La Fiscalía acusa a Fujimori de ser el "autor mediato", es decir, de haberse valido del aparato del Estado para cometer estos crímenes.
Nakazaki anunció que su alegato le tomará al menos seis sesiones del juicio, hasta el 4 de marzo aproximadamente, luego del cual vendrá la participación del propio acusado.
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