Tras meses de debates y de opiniones enfrentadas, por fin ha llegado el día de la huelga de jueces. Una huelga que, después de tanto tiempo divagando, llega con sus actores muy divididos. Esto es una guía de las diferentes posiciones con las que se llega al Día D.
El ministro Bermejo, a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido desde los primeros anuncios de huelga (allá por el mes de noviembre), lo cierto es que no ha variado mucho su postura: negar el derecho a huelga de los jueces al tratarse de un poder del Estado y apelar a la vía negociadora. Incluso ayer martes, en una entrevista ante los micrófonos de la Ser, el ministro reiteró sus opiniones, al calificar de "decepción ver a titulares de un poder del Estado en una actitud que no se corresponde con su responsabilidad".
Sin embargo, las asociaciones judiciales se han mostrado muy críticas con el ministro ya que, según éstas, ha sido incapaz de plasmar con medidas concretas esa voluntad negociadora. De este modo, las principales acusaciones que se han vertido contra Bermejo han sido por su incapacidad para dialogar y sus constantes descalificaciones hacia las reivindicaciones de quienes apoyan los paros. El día de la huelga lo ocupará Bermejo, en primer lugar, en una sesión de control en el Parlamento, donde se hablará tanto de la huelga como de la famosa cacería. A partir de las 12 de la mañana, se reunirá con sus homólogos de Portugal y Brasil, con quienes abordará el sistema de entregas mutuas para Iberoamérica. Luego, a partir de las 13.30 horas, Bermejo ofrecerá una rueda de prensa en la sede del ministerio.
El pasado mes de septiembre se renovó la composición del CGPJ, lográndose un paso largamente perseguido en la judicatura. Desde el primer momento, el órgano de gobierno de los jueces ha querido ofrecer una imagen de seriedad, unidad y de mucha actividad, y ha pedido a los jueces algo de tiempo para poder contemplar en la práctica los resultados de su gestión y de sus propuestas de modernización (el órgano se renueva cada cinco años), una petición a la que no han respondido los magistrados.
En lo que se refiere a las protestas, el Consejo no ha mantenido una postura bien clara sobre el derecho a huelga. Cuando empezó a hablarse de la posible huelga, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, manifestó que ese derecho "no está reconocido, ni prohibido. No está previsto". Con el paso del tiempo, esta postura tampoco ha variado en gran medida ya que, en su último pleno extraordinario, celebrado el pasado día nueve, los miembros del órgano determinaron que "el ejercicio del derecho de huelga carece, en el momento actual, de soporte normativo". Además, el pleno decidió no darse por enterado de la huelga y, en consecuencia, no proceder a la fijación de servicios mínimos.
Ante la jornada de hoy, fuentes del Consejo aseguran que, pese a no haberse dado por enterado de la huelga, "estarán pendientes de lo que suceda en los juzgados", razón por la que han reclamado a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia que recaben información sobre el seguimiento de la huelga. Esas mismas fuentes aseguran que la información que solicitan es sólo numérica, y que no han reclamado información sobre qué jueces en concreto se ausentarán de sus puestos de trabajo. En todo caso, la posible adopción de medidas contra los huelguistas no está del todo clara, ya que el régimen disciplinario califica como falta leve la "ausencia injustificada de más de un día". De momento, los vocales del Consejo no piensan comparecer para valorar los resultados de la jornada.
Desde que los juzgados extremeños y murcianos lanzaran el órdago de la huelga, las movilizaciones han vivido un goteo constante de adhesiones, tras el que se calcula, según los convocantes, que entre unos 1.500 y 2.000 jueces se sumarán a la huelga (en España hay cerca de 4.400 jueces). Al principio, las protestas nacieron desde juntas de jueces territoriales y correos electrónicos de la red interna del Poder Judicial, en los que los jueces mostraban de forma individual su visto bueno con respecto a la huelga. Más tarde, llegó la toma de postura unitaria por parte de las cuatro asociaciones de jueces, que acordaron conceder una prórroga al Consejo y al Ministerio, por lo que realizarían una protesta el 18 de febrero y, si la situación no había mejorado, acudirían a la huelga el 26 de junio. Sin embargo, este acuerdo saltó por los aires y dos de las asociaciones (Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) decidieron adelantar la huelga a la jornada de hoy, ante la ausencia de compromisos tangibles por parte del ministro Bermejo. Se podría decir que las principales demandas para las protestas son la instauración de la nueva oficina judicial (con delimitación precisa de las funciones de las respectivas funciones y responsabilidades), la conservación de la competencia exclusiva de Jueces y Magistrados para señalar los juicios y vistas), la plena incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías, el incremento de la inversión, entre otras.
La Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia (primera y tercera en número de afiliados) decidieron, en principio, seguir la hoja de ruta, de modo que hoy harán una jornada de protesta. Por ejemplo, los asociados de Jueces para la Democracia harán concentraciones de 15 minutos frente a edificios emblemáticos de las diferentes capitales de provincia, al mediodía y sin togas, en las que se leerá un manifiesto con las reivindicaciones que mantiene la asociación. En todo caso, ambas asociaciones reconocen y defienden el derecho a huelga de sus afiliados.
Se viene hablando de que los principales afectados por la huelga serán, finalmente, los usuarios de la Justicia. Por esta razón, la Unión de Consumidores (UCE) ha anunciado que planteará ante el Defensor del Pueblo una queja sobre los perjuicios a los ciudadanos. Ante las posibles repercusiones negativas sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, el Comité de Huelga ha acordado unos servicios mínimos para dar cobertura a los asuntos más urgentes, como la celebración de juicios con preso y las diligencias de servicios de guardia que afecten a derechos fundamentales, como entradas y registros o intervenciones telefónicas.
Algunos medios han afirmado que "la huelga de jueces podría dejar 33.000 asuntos sin resolver". "Eso no es así. En los juzgados no se trabaja al día, sino que las actuaciones forman parte de un proceso más largo. Y los casos puntuales más urgentes sí estarán cubiertos por los servicios mínimos", nos comentaba la jueza Carolina García. Además, hay magistrados que dicen que, un día de paro tampoco va a afectar de manera determinante a un sistema judicial en el que hay hasta 2,5 millones de asuntos judiciales en lista de espera. Incluso, los jueces en algunos países realizan huelgas sin que ello haya supuesto un menoscabo en el Estado de Derecho, según nos explicó en una ocasión el magistrado francés Matthieu Bonduelle, quien daba un consejo a los jueces españoles: "Deberían desdramatizar". En algunas sedes judiciales se celebrarán jornadas de puertas abiertas para que los ciudadanos puedan conocer la situación de los juzgados.
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