Valencia.- La Sociedad Gestora para la Imagen Promocional de la Comunitat Valenciana no ha entregado hoy al PSPV-PSOE las actas del consejo de administración y la junta general de accionistas de esta empresa pública, ni los contratos suscritos con la firma Orange Market, investigada por el juez Baltasar Garzón.
El portavoz del grupo socialista en Les Corts Valencianes, Ángel Luna, y el diputado de ese grupo José Camarasa se han personado este mediodía en la sede de la empresa pública de la Generalitat con la intención de acceder a esa documentación, que vienen reclamando desde hace año y medio.
La empresa Orange Market está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su supuesta implicación en la operación "Gürtel" contra una red de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en varias provincias, entre ellas Valencia.
Los parlamentarios socialistas, que han sido recibidos por la gerente de la sociedad, Arantxa Vallés, han permanecido durante diez minutos en la sede de la empresa pública, que han abandonado sin que les hayan entregado ningún papel.
En declaraciones a los medios de comunicación, Luna ha lamentado que no les hayan dado los documentos "escudándose en el reglamento" de Les Corts, y ha asegurado que seguirán "en la pelea", porque es muy importante que los ciudadanos sepan "dónde va a parar el dinero que todos pagan con sus impuestos" y que "hace tanta falta" en la actual situación de crisis.
Luna ha resaltado que la Sociedad Gestora tiene un "cien por cien" de capital público, y ha defendido que hoy han querido poner a prueba si era verdad que el Gobierno valenciano estaba dispuesto a acometer "un ejercicio de transparencia que no han hecho durante muchos años".
El portavoz socialista ha insistido en la necesidad de acceder a la información sobre Orange Market, dada la situación en la que "se dan cita elementos como amigos íntimos", tanto que el president de la Generalitat, Francisco Camps, "acude a su boda", a la del responsable de Orange Market, Álvaro Pérez Alonso, imputado por el juez Baltasar Garzón.
Otros elementos que se dan en este caso son, según Luna, "contratos públicos pagados con dinero público, sociedades que tienen sus ramificaciones en paraísos fiscales y un juez de la Audiencia Nacional desentrañando una trama delictiva".
Frente a ello, ha manifestado, la "opacidad" y la "ocultación de papeles" por parte del Gobierno valenciano conlleva que la gente "piense mal" y tenga "sospechas" de que el dinero público de los valencianos "ha servido para muchas cosas menos para atender las necesidades" de los ciudadanos.
A su juicio, es necesario que se sepa dónde está el dinero, "cómo lo han utilizado y para qué lo han empleado, y qué relación tiene el uso de ese dinero con las tramas que está investigando la Audiencia Nacional".
Ha recordado que la presidenta de Les Corts Valencianes les dio en su día el amparo para poder acceder a esos documentos, a pesar de lo cual el Gobierno valenciano no los ha entregado, y que esa "ocultación" ha conllevado el bloqueo desde hace meses de la elección del nuevo Síndic de Greuges.
El portavoz socialista ha indicado que ahora volverán a pasar el trámite del reglamento parlamentario que aprobó el PP en solitario y reiterarán la petición de papeles, y ha augurado que se los entregarán "cuando seguramente sea innecesario, porque la investigación judicial haya puesto todo encima de la mesa".
Luna ha aseverado no van a "cejar" en el "empeño de perseguir esa documentación", porque supone un "precedente grave" que haya una Administración pública que "oculta los documentos sistemáticamente", como ha ocurrido en los últimos años con preguntas relacionadas con adjudicaciones.
Sobre la petición del conseller de Presidencia, Vicente Rambla, de comparecer en Les Corts, ha indicado que le parece "estupendo", y que espera que acuda "cargado de papeles" y explique por qué se ha estado sustrayendo esa información.
Por otra parte, el grupo socialista ha recibido hoy un escrito del director general de Relaciones con Les Corts, Ángel Mompó, que expone que esas solicitudes de documentación "fueron contestadas en tiempo y forma", y pide que se respeten "las reglas de actuación".
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