Almoradí (Alicante).- El secretario general del PPCV, Ricardo Costa, ha exigido hoy a su homólogo del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, que diga "si puede garantizar que la vicepresidenta del Gobierno y diputada por Valencia, María Teresa Fernández De la Vega, va a votar en contra de la caducidad del Tajo-Segura".
Costa ha afirmado que si no es así, Alarte "será cómplice de que el sur de Alicante y Murcia se queden sin agua".
El dirigente popular se ha expresado así durante un acto del PP celebrado en Almoradí (Alicante) con alcaldes y portavoces de la Vega Baja y el Vinalopó en defensa del trasvase Tajo-Segura, al que han asistido "más de 1.000 personas", según fuentes del partido
En el acto, en el que también ha participado el conseller de Medio Ambiente y Agua, José Ramón García Antón, Costa ha recalcado que el déficit de agua en la Comunitat "es real, no es imaginario, es grave".
"Pasamos sed porque en esta tierra falta agua y en La Moncloa no hay sensibilidad con el sur de Alicante y de España", ha dicho.
El secretario general del PPCV ha afirmado que, con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "los trasvases tienen los días contados".
"Si dejamos en manos de Alarte la defensa del Tajo-Segura, estamos dejando en sus manos la garantía de la caducidad del trasvase", ha advertido.
Costa ha criticado que Alarte diga que no quiere que haya una derogación del Tajo-Segura, algo que, en su opinión, "es mentira, porque si realmente quisiera, podría asegurar que ni un solo voto socialista en el Congreso de los Diputados votará a favor de la caducidad del trasvase o de una reserva estratégica que es la muerte anunciada de la agricultura del sur de Alicante".
Igualmente, ha adelantado que el PP redactará "una propuesta para que se derogue la disposición adicional del Estatuto de Castilla-La Mancha que pone caducidad al Tajo-Segura".
Costa ha hecho también referencia al pleno celebrado el pasado miércoles en Les Corts en el que se acordó, con los únicos votos del PP, la propuesta de este grupo de reprobar a la vicepresidenta del Gobierno "por su complicidad en el mantenimiento" de la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura.
Los diputados del grupo socialista se negaron a emitir su voto, al alegar que no estaban dispuestos a participar de un "despropósito" y una "farsa".
A este respecto, Costa ha afirmado que "el PSPV-PSOE ha renunciado a ejercer el máximo privilegio que tiene un parlamentario, que es votar. Y lo más grave es que si no ejercen el voto, están demostrando que se abstienen políticamente de la defensa de los intereses de los valencianos".
También ha anunciado que si se aprueba el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha con "las enmiendas que ha incluido el PSOE -caducidad y reserva estratégica en la cabecera-", el grupo popular presentará una Proposición de Ley en Les Corts.
Esta iniciativa recogerá, entre otros puntos, que "el Tajo es intocable" y que "los gobiernos valenciano y el murciano también tienen cosas que decir sobre el Tajo-Segura".
También propondrá "la exigencia de plantear nuevos trasvases y, especialmente, "una reivindicación ya histórica como es el trasvase del Ebro", ha señalado.
Costa se ha dirigido a los regantes para trasladarles "de parte Mariano Rajoy, del presidente Valcárcel y del presidente Camps un mensaje de contundencia, de solidaridad, de igualdad, de exigencias pero de garantía".
Los dirigentes populares "se dejarán la sangre en el Congreso, en las Cortes y en la calle para defender los intereses de la Comunitat y Murcia", ha subrayado.
Por su parte, García Antón ha asegurado que los socialistas valencianos "votaron en 2005 a favor de suprimir el Tajo-Segura y durante más de cuatro años han apoyado sin rechistar la destrucción sistemática de toda la política del agua que ha llevado a cabo el Gobierno socialista".
También ha acusado a Rodríguez Zapatero de "perpetrar en unos pocos años una destrucción sin precedentes de la política de Estado que se había estado construyendo durante décadas y que culminó con el PHN".
"Cuando Zapatero derogó con un decreto-ley el trasvase del Ebro no sólo eliminó una solución técnicamente viable para solucionar nuestro problema de déficit de agua", sino que también "renunció al deber de defender y armonizar los derechos y los intereses de todos los ciudadanos y de todos los territorios de ese Estado", ha dicho.
Según García Antón, suprimir el trasvase Tajo-Segura "significaría dejar a más de un millón de alicantinos con menos de la mitad del agua que les abastece".
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