Managua.- El Parlamento de Nicaragua ratificó hoy el protocolo de entendimiento entre Unión Fenosa y el Gobierno de Managua por el que la eléctrica española cede al Estado nicaragüense el 16 por ciento de las acciones de su filial en este país como pago de una deuda por 11,5 millones de dólares.
Ese acuerdo, en el que también se establece que el Estado tenga un asiento en el consejo de administración de la filial de Unión Fenosa en el país, fue ratificado por 47 diputados, en su mayoría sandinistas, de los 92 que forman el Legislativo, y tuvo un voto en contra.
El resto de diputados no estuvo presente o se abstuvo de votar por ese protocolo, que provocó una acalorada discusión de más de dos horas entre oficialistas, opositores liberales y disidentes sandinistas.
El bloque liberal opositor, integrado por diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) y dos independientes, que suman 41 legisladores, se resistió a apoyar ese protocolo bajo el argumento que no requería ratificación del Parlamento.
Según ese bloque, ese protocolo "no es un instrumento jurídico internacional" y la eléctrica española no es sujeto de derecho internacional público, sino una multinacional privada, y por tanto ese convenio debía ser "entre privados".
Los liberales también criticaron la designación del presidente de la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic), Francisco López, como representante del Ejecutivo en la filial de Unión Fenosa en Managua al considerar que esto generará un conflicto de intereses.
López es vicepresidente de la empresa mixta Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), integrada por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y Petronic, y a su vez tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Por su parte, los disidentes sandinistas se opusieron a la ratificación por el Parlamento del acuerdo por considerarla anticonstitucional y porque el pacto beneficia únicamente a Unión Fenosa en detrimento de la ciudadanía.
El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, el sandinista Walmaro Gutiérrez, defendió la legalidad del acuerdo bajo el argumento de que era un decreto enviado por el Ejecutivo lo que se estaba ratificando.
Explicó que con la ratificación de ese protocolo, Unión Fenosa invertirá en Nicaragua 33,7 millones de dólares hasta 2011, para ampliar su red de distribución en este país centroamericano.
Además, el Gobierno de Managua "cubrirá" la tarifa de los usuarios de barrios marginales, que están conectados ilegalmente al servicio, para que la eléctrica española no tenga pérdidas.
Ese acuerdo fue suscrito el 29 de mayo pasado por el vicepresidente primero y consejero delegado de Unión Fenosa, Honorato López Isla, y el ministro nicaragüense de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli.
Unión Fenosa es dueña de las distribuidoras eléctricas nicaragüenses Disnorte y Dissur.
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