Buenos Aires.- El general retirado argentino Jorge Olivera se negó hoy a declarar en la segunda audiencia del juicio que se sigue en su contra por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, informaron fuentes judiciales.
El octogenario ex militar argumentó que no había cambiado su postura desde su última declaración indagatoria, en la que dijo que desconocía los delitos que se le imputan, destacaron las fuentes.
Olivera, un emblemático represor de la dictadura (1976-1983), está acusado de 120 secuestros, incluido el del escritor Haroldo Conti, y de los homicidios de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los militantes de izquierda también uruguayos Rosario Barredo y William Whitelaw.
En términos de cantidad de víctimas, el proceso judicial, que comenzó este martes, es considerado el más importante por crímenes de terrorismo de Estado desde el histórico Juicio a las Juntas Militares (1985).
El inicio del proceso no estuvo exento de polémica por las restricciones impuestas por el tribunal a la presencia de los medios de comunicación para evitar la difusión del juicio.
Por ello, el Tribunal Federal Oral Número 5 autorizó hoy al fotógrafo de la agencia oficial Télam a tomar imágenes del Olivera detrás de un vidrio que divide al publico del recinto, destinado a los jueces, fiscales, abogados y acusados.
En este proceso también serán juzgados otros cinco represores del régimen de facto, aunque, por decisión del tribunal, en la primera etapa del juicio declararán cientos de testigos de casos que involucran sólo a Olivera, quien fue segundo comandante del Primer Cuerpo del Ejército.
Los restantes acusados, por un total de 154 secuestros, son los generales Rodolfo Enrique Wehner y Teófilo Saá, además de los coroneles Humberto José Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti y José Menéndez.
Jorge Olivera está en libertad, al igual que los otros cinco acusados.
La mayoría de las víctimas de estos represores integran la lista de desaparecidos en Argentina entre 1976 y 1983, que, según estimaciones oficiales, alcanzó las 18.000 personas, aunque los organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.
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