La anulación de las listas de D3M y Askatasuna por parte del Tribunal Supremo provoca que, por primera vez, no haya grupos políticos de la izquierda abertzale radical (léase vinculada a Batasuna) en unos comicios vascos. Estos han pedido a sus partidarios el voto nulo, para poder medir sus fuerzas en las urnas aunque sea de forma testimonial. Pero es un buen momento para plantearse: ¿Podría darse un trasvase de votos hacia otros partidos nacionalistas? ¿Quién puede salir beneficiado verdaderamente de la exclusión de ambos partidos?
Desde luego, el roce entre la izquierda abertzale y el PNV ha llegado, en las últimas fechas, a límites extremos, por lo que un trasvase de votos sería impensable. A bote pronto, y también descartando a EA, uno podría plantearse que el gran beneficiado de la anulación es el grupo Aralar, formación que se desgajó de Batasuna y que defiende posturas de izquierdas e independentistas, aunque contrarias a la violencia. Nada más lejos de la realidad, según nos comentan políticos y sociólogos vascos.
Desde el punto de vista de Jon Abril, vicecoordinador de Aralar, se debe a que los grupos ilegalizados "tienen un público bastante fiel". En segundo lugar, "porque lo que hacen las ilegalizaciones, lejos de cambiar el sentido del voto, es que muchos de los electores refuercen sus posiciones y se sumen a los llamamientos a la abstención o al voto nulo procedentes de las listas suspendidas". Y, por último, porque "las diferencias entre Aralar y los 'herederos' de Batasuna no se detienen en su mayor o menor condescendencia hacia el uso de la violencia para alcanzar fines independentistas". Según el político de Aralar, su partido ofrece un programa de carácter más social y no exclusivamente basado en la cuestión nacionalista, como ha terminado ocurriendo en el caso de las organizaciones vinculadas a Batasuna.
El sociólogo vasco Xabier Aierdi también cuestiona seriamente la mera posibilidad de que haya un trasvase de votos desde tesis 'batasunas' hacia las de Aralar: "Ambos grupos son enemigos, por lo que ni siquiera rivalizan por los votos. Hay sectores que ven a Aralar como unos traidores debido a su escisión, por lo que esa transferencia de votos es imposible".
Más bien, Aierdi cree que los grandes beneficiados de la ilegalización son los partidos constitucionalistas (PSE y PP), ya que son los que, junto al PNV, se van a repartir los nueve escaños que se presuponía a D3M y Askatasuna. Es más, el profesor de sociología en la Universidad del País Vasco considera que tras las anulaciones de los sucesores de Batasuna se esconde "un cálculo electoral" de los partidos constitucionalistas. Por el sistema de reparto de escaños, es previsible que PP y PSOE capten seis de los asientos que dejan libres los dos grupos impugnados, lo que podría otorgarle una mayoría con respecto a los grupos nacionalistas. Aierdi no descarta que haya una verdadera voluntad de acabar con la violencia, pero opina que no debe obviarse tampoco el cálculo político subyacente.
Xabier Aierdi, que en ocasiones se ha manifestado defensor de "una convivencia razonable" en el País Vasco, se extraña de que no haya habido un debate en profundidad sobre si la ilegalización de D3M y Askatasuna es positiva a largo plazo. "Este tipo de actuaciones siempre han tenido un recorrido limitado. Lo que se hace es reforzar al núcleo una vez que empezaba a tener síntomas de corrosión", asegura el profesor. Del mismo modo, se pregunta si realmente está justificada, desde el punto de vista legal, la prohibición de concurrir a las elecciones para los dos grupos anulados. Aierdi cree que todo el proceso de ilegalizaciones "no se ajusta a la ley". De hecho, considera que un uso forzado de la ley de partidos puede conducir, finalmente, a "una deslegitimación del sistema democrático hacia el que se quiere conducir a los partidos independentistas, lo que constituye una paradoja".
La ilegalización de D3M y Askatasuna "es el resultado previsible de la aplicación de la ley de partidos, tal y como se ha venido haciendo desde 2003, por lo que su uso contra estos dos grupos no supone ningún salto cualitativo", según expone Mariano Bacigalupo, profesor de Derecho Administrativo en la UNED. "Lo verdaderamente sorprendente hubiera sido que el Supremo hubiera permitido su presencia en las elecciones", asegura.
Otra cosa es que se siga debatiendo si, constitucional y políticamente, es admisible la ley de partidos. "Desde el punto de vista jurídico podría seguir hablándose del tema, ya que el texto legal es muy amplio. Pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional ya avaló con ligeros retoques tanto la constitucionalidad como la aplicación que se viene haciendo de dicha ley", recuerda Bacigalupo. También se podría seguir debatiendo si la ley se está utilizando políticamente, para silenciar a un segmento importante de la sociedad democrática y, por tanto, socavando un principio democrático. Bacigalupo no cree que sea el caso, ya que los grupos políticos no han logrado desvincularse completamente de Batasuna. En cuanto a las consecuencias políticas que podría tener la prohibición de presentarse para D3M y Askatasuna, el profesor de la UNED se mantiene cauto y prefiere no entrar a valorar hacia dónde puede migrar el voto.
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