LONDRES.- Los servicios de Inteligencia de Reino Unido mantuvieron en secreto la tortura a la que fue sometido un británico retenido en el centro de detención de Guantánamo debido a las amenazas de Estados Unidos de que suspendería la cooperación en materia de seguridad, tanto por parte de la Administración de George W. Bush como tras la transición política que llevó al demócrata Barack Obama a la Casa Blanca.
Según dos jueces del Tribunal Supremo británico, existen evidencias de que el MI5 --el departamento dedicado a la seguridad interna-- tuvo conocimiento del trato "cruel y degradante" que sufrió el ciudadano Binyam Mohamed en la base militar de Estados Unidos en Cuba desde 2004 pero retuvo la información debido a las coacciones de Washington acerca de las consecuencias que su difusión supondría para las relaciones de ambos países.
Los magistrados censuraron la decisión, pero aclararon que no tenían margen de actuación, puesto que el propio ministro de Asuntos Exteriores, David Miliband, había advertido de que dar cuenta de los episodios de tortura habría llevado a la Administración norteamericana a suspender el intercambio de datos de inteligencia con Londres y, en consecuencia, la seguridad nacional del país habría quedado afectada.
Sin embargo, el parlamentario conservador y ex portavoz de Interior David Davies consideró hoy en el Parlamento que el Gobierno debe responder "urgentemente" a unas alegaciones que convertirían a Reino Unido en cómplice de tortura. "Es una cuestión de la máxima importancia nacional", declaró como justificación a la comparecencia que reclamó del Gobierno en la Cámara de los Comunes.
El dictamen judicial, emitido por el juez lord Thomas y el magistrado Lloyd Jones, representa el último capítulo de una serie de audiencias judiciales sobre el caso de Mohamed, detenido en 2002 en Pakistán, donde fue interrogado por un agente del MI5 sin identificar y, posteriormente, trasladado a Marruecos de forma clandestina por la CIA, antes de que Estados Unidos lo llevase a Afganistán, de donde partió definitivamente a Guantánamo en septiembre de 2004.
EVOLUCIÓN
Además, los dos jueces confirmaron que el equipo legal del Ministerio de Exteriores les había asegurado que la amenaza seguía en pie pese al cambio al frente de la Presidencia de Estados Unidos con la llegada de Barack Obama, por lo que en su resolución recogieron: "No consideramos que una democracia gobernada por la Ley esperase que el tribunal de otra democracia ocultase evidencias contenidas en informes de sus propios oficiales".
Al respecto, recordó que se trata de datos "relevantes" y con "alegaciones de torturas y trato cruel, inhumano, degradante y políticamente vergonzoso" a un joven de origen etíope que obtuvo la ciudadanía británica tras llegar a las islas como refugiado cuando era tan sólo un adolescente.
La resolución judicial se produce después de que el pasado octubre el Gobierno británico solicitase a la Fiscalía General del Estado que investigase el "posible maltrato criminal" dispensado por los servicios de inteligencia británicos del MI5 y de la CIA norteamericana a Mohamed, quien actualmente tiene 31 años.
La orden partió de la ministra del Interior, Jacqui Smith, tras las alegaciones relacionadas con episodios de tortura y trato inhumano que se pusieron de manifiesto en un juicio celebrado en Reino Unido, en el que se denunció además que un agente de los servicios secretos del país había tomado parte en el interrogatorio ilegal al joven durante su detención en Pakistán en 2002.
PRUEBAS
En este sentido, el equipo de abogados que gestionó la demanda de Smith remitió a la fiscal general pruebas sobre la implicación del MI5 y de la CIA en una carta a la que tuvo acceso el diario 'The Guardian' y en la que el Ministerio pedía a la Fiscalía, como ente jurídico independiente, que investigase un "posible maltrato criminal".
La ministra del Interior tomó esta decisión tras la supresión de las pruebas ordenada tanto por las autoridades de Estados Unidos como por David Miliband, debido a las coacciones relacionadas con la retirada de la colaboración de Washington en materia de seguridad.
Con todo, los cargos que pesan sobre el hombre ya habían sido retirados por Estados Unidos, supuestamente para evitarse el trance de revelar las pruebas del maltrato y, tras haberlo imputado inicialmente por una posible implicación en una trama explosiva, posteriormente Estados Unidos gestionó su imputación con otros delitos.
Además, aunque en 2007 el Gobierno británico reclamó su liberación, el norteamericano rechazó la demanda basándose en que el hombre sería juzgado por una comisión militar especial en Guantánamo. Sin embargo, en el proceso que se celebró en Reino Unido, Miliband aseguró que los documentos que probarían las torturas no deberían ser difundidos porque Estados Unidos quería mantenerlos en secreto.
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