CÁCERES.- Las asociación de jueces Francisco de Vitoria (FdV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han acordado esta tarde por mayoría absoluta tras las reuniones de sus respectivas direcciones sumarse a la convocatoria de una jornada de huelga --medida sin precedentes en la carrera-- para el próximo día 18 de febrero, convocada el pasado día 21 por un 20 por ciento de la carrera judicial.
De este modo se rompe el acuerdo de las cuatro principales asociaciones que el pasado día 12 decidieron sustituir esta jornada de paros por actos reivindicativos de menor intensidad y otorgar un plazo de seis meses al Ejecutivo para evaluar su compromiso con la modernización de la Justicia antes de acudir definitivamente a una huelga el 26 de junio.
El nuevo portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, anunció esta decisión a Europa Press después de la reunión de la dirección de la asociación. "La asociación Francisco de Vitoria ha convocado a toda la carrera para el 18 de febrero a una huelga de 24 horas", dijo.
"El acuerdo entra las asociaciones ha quedado ya sin sentido, carece de objeto y causa a la vista de la reunión con el Ministerio que sólo nos ha ofrecido humo, consideramos que se ha de convocar una huelga para ese día 18 de 24 horas", explicó.
"Las negociaciones con el Ministerio no llegaron a buen termino, salimos bastante insatisfechos y pensamos que la situación es tal que no nos queda más remedio que adoptar las medidas de presión más contundentes de las que teníamos previstas", explicó por su parte el portavoz del Foro Judicial Independiente, Benito Raboso.
De las otras dos asociaciones que componían esta coordinadora interasociativa (las que reúnen al mayor número de jueces asociados), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aseguró que mantenía los compromisos recogidos en el documento del día 13, mientras que Jueces para la Democracia (JpD) se reunirá el próximo jueves para adoptar una postura definitiva ante la huelga del día 18.
La ruptura entre las asociaciones de jueces se produce después de que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, les prometiese el pasado lunes un fondo de 20 millones de euros destinado a la modernización de la Justicia, que calificó como un "importantísimo esfuerzo económico añadido" y que, según dijo, "permitirá adelantar los plazos marcados". No obstante, los jueces, que ese día renunciaron a sus exigencias retributivas, aseguraron que "la situación no está resuelta".
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