Espadas dice que los ayuntamientos tendrán el registro de demandantes de VPO en 2009

Sevilla.-  Los ayuntamientos andaluces deberán tener elaborado el registro de demandantes de viviendas de protección oficial (VPO) a finales de 2009, si bien el próximo marzo la Consejería de Vivienda aprobará una orden que regulará los requisitos que deben reunir los solicitantes.

En una entrevista con Efe, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, ha explicado que ese proceso se llevará a cabo de forma paralela a la tramitación de la Ley del Derecho a la Vivienda en el Parlamento andaluz y en la que se recoge la creación del registro de demandantes de VPO.

Ha rechazado las acusaciones del Partido Popular de desviación de responsabilidad jurídica hacia los ayuntamientos y de competencias en la Ley del Derecho a la Vivienda y ha asegurado que es un "debate falso", y que los alcaldes del PP están de acuerdo con el registro porque "saben que es la forma de ordenar racionalmente la VPO".

Ha aclarado que los ayuntamientos tienen que aprobar un plan de vivienda en el que se debe establecer el suelo sobre el que van a edificar y la programación y elaborar el registro de demandantes y ambas son "competencias municipales", por lo que sería una "falta de respeto a la autonomía municipal" que la Junta diga a quién hay que adjudicar o confeccionar un registro autonómico, ha alegado.

"La obligación de la administración autonómica es financiar" esas actuaciones municipales, ha aclarado Juan Espadas, quien ha dicho que hay una "insolvencia grave" en las acusaciones" del PP.

No obstante, ha indicado que para tener "seguridad y tranquilidad" ha encargado a un equipo de catedráticos de Derecho Constitucional un informe por si hubiera algún problema, aunque ha insistido en que cuentan con el visto bueno del Consejo Consultivo.

"Los ciudadanos tienen la posibilidad de poner un pleito al Ayuntamiento", ha resaltado Espadas en referencia a la prerrogativa que otorga la ley de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, que analizaría si los ayuntamientos han aprobado el plan municipal de vivienda y si está ejecutando su programación, que son competencias municipales mientras que la "obligación de la Junta es financiar", ha zanjado.

El objetivo del registro de demandantes es analizar con rigor la demanda de VPO en cada municipio y adaptar la oferta a las necesidades, si bien antes de elaborar el registro la Junta aprobará una orden en la que se establecerá un baremo para acceder al mismo, en el que primarán algunos requisitos frente al sorteo, que "a veces es injusto".

Se tendrá en cuenta el nivel de renta familiar, la composición de las unidades, la exigencia del empadronamiento durante tres años, la localización del puesto de trabajo y un "elemento capital" que es saber si optan a una vivienda en propiedad o en alquiler porque servirá para impulsar el arrendamiento.

Aunque los criterios se están negociando con la FAMP, los ayuntamientos tendrán "margen de maniobra" para ordenar los baremos del registro y de hecho el sistema del sorteo de VPO, aunque no se elimine totalmente, no será obligatorio para cada promoción sino en los casos en los que sea necesario, ha avanzado.

Para 2010, el consejero prevé que los ayuntamientos tengan elaborada su oferta de VPO en función de los registros de demandantes y en 2011, cuando se celebrarán las elecciones municipales, se ha fijado el objetivo de que "los ayuntamientos se presenten con los deberes hechos" en el terreno de la vivienda.

En 2012 -final de la legislatura autonómica- el "proceso estará construido" y para el próximo mandato "todos los cimientos estarán puestos" para poder empezar a ejecutar las viviendas previstas por cada municipio.

Ha garantizado que habrá suelo disponible para construir las viviendas de VPO porque se ha imprimido un "ritmo fuerte" a las adaptaciones de los planeamientos urbanísticos municipales a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).