La Haya.- La defensa del rebelde congolés Thomas Lubanga puso hoy en duda la independencia de la Corte Penal Internacional (CPI), a cuya fiscalía acusó de ser parcial a la hora de elegir a sus acusados.
La defensa de Lubanga tomó hoy la palabra durante la celebración de la segunda vista del que es el primer juicio de la historia de la CPI, que acusa al congolés del alistamiento militar de niños menores de 15 años en la provincia Ituri (al noreste de la República Democrática de Congo-RDC-) durante 2002 y 2003.
Según uno de los abogados de Lubanga, Jean-Marie Biju-Duval, han sido "diferentes organizaciones internacionales" las que han presionado a la fiscalía a perseguir a su cliente.
Además, criticó que los fiscales no imputen, por ejemplo, al actual presidente congolés, Joseph Kabila, cuyo ejército también está compuesto en gran parte por niños, según el letrado.
En esta línea, Biju-Duval, también dijo, sin hacer referencia explícita a los ataques de Israel en la franja de Gaza, que el fiscal Luis Moreno Ocampo "tiene un ojo ciego", porque no inició ninguna medida cuando "una democracia moderna" mató recientemente también a niños.
Otra abogada de Lubanga, Catherine Mabille, añadió además en su intervención que su cliente no está teniendo un juicio justo.
Por una parte, hizo referencia a que su equipo todavía no ha podido consultar los documentos confidenciales que la fiscalía mantuvo como tales a pesar de que contenían información potencialmente exculpatoria para Lubanga.
Por este motivo, el juicio al congolés se inició ayer con más de medio año de retraso, después de que los jueces exigieran a la fiscalía que dejasen a las partes acceder a los mismos.
La letrada francesa también denunció que la intervención de los representantes de las víctimas en el juicio "obstaculiza" el trabajo de la defensa, que ve en esta representación una segunda fiscalía.
El Estatuto de Roma contempla por primera vez en la historia del Derecho Internacional la participación de las víctimas en los procesos judiciales, pero dejando claro que no deben realizar un trabajo de fiscales.
Mabille se quejó sobre todo de no poder comprobar la credibilidad de los testimonios de las víctimas, cuya identidad se mantiene oculta, en la mayoría de los casos, por razones de su seguridad.
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