PAÍSES BAJOS.- El Tribunal Penal Internacional (TPI) inicia hoy lunes en La Haya el primer proceso judicial de su historia en el caso contra el líder rebelde congolés Thomas Lubanga Dyilo, al que se acusa de alistar por la fuerza a niños menores de 15 años en sus milicias, un delito estipulado como crimen de guerra por los estatutos de la institución, que se enfrenta a su primera prueba de fuego real desde su fundación en 2002.
Lubanga, antiguo líder de la Unión de Patriotas Congoleses (UPC) está acusado de emplear a más de 30.000 niños soldado de etnia Lendu durante el conflicto que estalló de 1998 a 2003 contra el pueblo de los Hema en la región de Ituri; una campaña salpicada de enfrentamientos relacionados con la posesión de las minas y el control de los impuestos en la región congolesa que contó con el apoyo explícito de los gobiernos de Uganda y Ruanda a pesar de las continuas violaciones de la ley humanitaria internacional evidenciadas ante el TPI. Desde 1999, más de 60.000 personas han muerto a causa de este conflicto étnico.
El acusado, de 48 años, fue arrestado en marzo de 2006 y trasladado a la sede del TPI. Un año después, en enero de 2007, la acusación determinó que contaba con las pruebas suficientes para encausar al líder rebelde, quien ha rechazado categóricamente estos cargos desde el primer momento. El inicio del proceso estaba previsto para junio del año pasado, pero se paralizó temporalmente por la incapacidad del tribunal para desclasificar un buen número de pruebas favorables a Lubanga, proporcionadas por fuentes confidenciales. El hecho de que la defensa no contara con la información necesaria para proteger al líder rebelde ponía en peligro la imparcialidad del juicio.
Ante las críticas por la lentitud del procedimiento, el Fiscal General del TPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, insiste en que el proceso contra Lubanga terminará "antes de finales de año", porque "se han aprendido las lecciones experimentadas por el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia (TPIY)".
A pesar de que Lubanga sólo está encausado formalmente ante el TPI por emplear su "autoridad de facto" sobre las "políticas y prácticas" de su grupo a la hora de emplear a niños soldado, la ONG Human Rights Watch (HRW) le señala como máximo responsable de crímenes de violación, tortura y ejecución sistemática de miles de civiles perpetrados por las fuerzas del UPC por toda la región de Ituri, así como de nueve soldados bangladeshíes miembros de las fuerzas de paz presentes en la zona. Varios grupos en defensa de la justicia de género han lamentado especialmente el hecho de que no se acuse a Lubanga como organizador de campañas de abusos sexuales durante ese período.
Con todo, el proceso busca ir mas allá de la figura de Lubanga. De esta manera, también se acusa del mismo cargo contra la dignidad infantil al 'número dos' de Lubanga, Bosco Ntganda, antiguo responsable de operaciones del UPC que ejerce ahora como jefe del Estado Mayor del grupo rebelde Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), organización dirigida por el recientemente detenido líder rebelde Laurent Nkunda, una de las partes en conflicto durante los recientes enfrentamientos en la región congolesa de Kivu Norte que han dejado miles de muertos y más de 370.000 desplazados.
Ntaganda, que opera ahora mismo con absoluta libertad, se ha autoproclamado nuevo líder de los rebeldes congoleses del CNDP tras la detención de Nkunda, y ha sido declarado por organizaciones humanitarias como "parte no viable" en el proceso de paz que actualmente se está desarrollando en la región. HRW acusa a Ntaganda de haber orquestado la matanza de 150 civiles en la región de Kiwanga (Kivu Norte), una de las peores masacres registradas en todo este conflicto.
Hasta ahora, el TPI ha emitido doce órdenes de arresto contra implicados en los conflictos registrados en República Centroafricana, la región sudanesa de Darfur, Uganda y RDC. Hasta el momento han sido arrestados cuatro sospechosos, y se espera que a lo largo de este año se ponga en marcha el juicio contra los líderes rebeldes congoleses Germain Katanga, alias 'Simba', responsable del Frente Patriótico para la Resistencia de Ituri, y el coronel Mathieu Ngudjolo Chui, comandante del Frente Nacional Integracionista; ambos acusados de crímenes contra la Humanidad por su participación en las masacres de Ituri.
VÍCTIMAS
El reclutamiento de niños soldado constituye una de las violaciones más flagrantes de los Derechos Humanos durante los innumerables conflictos que han estallado en África durante los últimos 30 años, en países como Zimbabue, Uganda, Liberia, y RDCongo, donde los jóvenes han sido "transformados en máquinas de matar al servicio de partes combatientes en conflictos que apenas entienden", señaló el último informe del grupo de análisis Institute for War & Peace Reporting (IWPR).
Tras su secuestro, el niño soldado es sometido a un proceso de manipulación psicológica a través del cual se le convence para obedecer órdenes ciegamente. A lo largo de este "tratamiento", los niños se ven sometidos a una enorme presión que suelen reducir mediante el uso de todo tipo de drogas, desde el consumo de analgésicos hasta la inhalación de productos químicos. Es más: según el director para África y Oriente Próximo de la ONG Witness, Bukeni Waruzi, a muchos de los niños se les dice que están protegidos por la brujería, en comentarios recogidos por Reuters.
"Creo que esta (el juicio) es una gran lección por la que los señores de la guerra de RDCongo van aprender que nadie es intocable", comentó. Waruzi trabaja hoy en la reintegración de antiguos niños soldado, muchos de los cuales se muestran favorables al proceso legal del TPI, pero que también dudan de que alguna vez se pueda hacer justicia con su caso. Este escepticismo proviene, según Waruzi, de que llevan toda su vida inmersos en una "cultura de impunidad" donde ningún crimen se castiga.
Para el fiscal Ocampo, el hecho de que se acuse a Lubanga concretamente de este crimen contiene una carga simbólica poderosísima. "Convertir a niños en asesinos es un acto que pone en peligro el futuro de la Humanidad", declaró el abogado, quien manifestó su intención de abordar un proceso judicial "enfocado" donde las víctimas de las matanzas dejarán de ser testigos de excepción.
Por ello, se ha adoptado la decisión sin precedentes por la que se permite que las víctimas del conflicto sean representadas por sus propios abogados, con el apoyo de ONG y grupos de Derechos Humanos que siguen trabajando en Ituri a día de hoy. Para el IWPR, se trata de una iniciativa "digna de elogio", pero subraya las dificultades a nivel organizativo que plantea esta decisión, ya que muchas veces los abogados encuentran difícil mantener el contacto con los afectados.
FRUSTRACIÓN
La lentitud del proceso contra Lubanga ha terminado exasperando incluso a muchos de los jueces participantes en el proceso. "No voy a esconder el hecho de que estoy realmente frustrado, tal y como expresé rotundamente y de manera pública ante el tribunal, por los retrasos en este juicio", declaró el magistrado británico Adrian Fulford, uno de los 18 jueces que componen el cuerpo decisorio del TPI.
"Llevábamos un año de retraso y la pregunta inevitable era '¿Por qué no hemos empezado este caso ya?'", añadió en comentarios ante diplomáticos y periodistas reunidos en La Haya. En este sentido, Ocampo decidió centrarse en el momento actual. "El primer juicio es el primer juicio así que es muy, pero que muy importante demostrar a todos lo bien que funciona el Tribunal Penal Internacional", manifestó.
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