MADRID.- De los 8.108 municipios que componen la geografía española, sólo cinco han dejado pasar de largo la ayuda prometida por Zapatero a través del Fondo Estatal de Inversión Local. Se trata de Arres (Lleida), Illán de Vacas (Toledo), La Quar (Barcelona), San Juan de la Encinilla (Ávila) y Zugarramurdi (Navarra). Pero, ¿por qué lo han hecho?
Parece ser que el tamaño sí importa a la hora de solicitar subvenciones, al menos para el Ayuntamiento de Illán de Vacas. Esta localidad toledana es la menos poblada del país. En sus 9 kilómetros cuadrados viven tan sólo 6 habitantes. Y ésta es, precisamente, la excusa que ha dado su Consistorio al Ministerio de Administraciones Públicas para no presentarse. "No sabíamos qué pedir", dicen. A este pequeño municipio le correspondía, según las cuentas del Gobierno, un máximo de 1.062 euros de ese fondo estatal, que revertirán en otros solicitantes.
Muy similar es el caso de Arres, en Lleida. Desde el Consistorio nos cuentan que ya tenían "todas las obras adjudicadas" y no necesitaban ningún tipo de subvención. Su pequeño tamaño —son 66 habitantes, el 73% de ellos con más de 40 años— hace que el presupuesto anual sea de 7.500 euros, bastante menos de lo que les ofrecía el Gobierno —10.796 euros como máximo—, y no estaban dispuestos a adelantar tal cantidad, amén de tener que pagar lo que cuesta el cartel identificativo que el Estado obliga a colocar en las obras que se financien con este fondo.
Tampoco es muy grande el municipio de La Quar (60 habitantes), pero su historia es muy diferente. Ha sido un quiero y no puedo. "Llevamos más de tres años intentando que nos aprueben el plan de ordenación urbana (PGOU), pero la Generalitat nos pide cada vez un informe distinto y el proceso sigue alargándose", relata Antonio Franch, primer teniente de alcalde de la corporación. Según el edil, el objetivo de la alcaldesa era aprovechar esta oportunidad para arreglar calles y aceras —de las que carecen—, pensando en que los hijos de los habitantes actuales se quedasen en el pueblo, pero la falta de un PGOU ha impedido que este "sueño" se haga realidad, y por tanto las necesidades ya no son las mismas. Hoy por hoy, el 68% de los habitantes de La Quar tienen más de 40 años y sólo 30 viven habitualmente en el pueblo, explica Franch.
De índole política es también el problema que ha impedido que la localidad abulense de San Juan de la Encinilla acuda a este fondo estatal. A este ayuntamiento de 111 habitantes le correspondían 20.500 euros, pero hace meses que no puede celebrar plenos y, por tanto, no ha podido aprobar su participación en esta iniciativa. En mayo dimitió una de las tres concejalas del equipo de Gobierno, María del Carmen Villarejo. Desde entonces, esta representante popular no asiste a las sesiones que se convocan —es necesario que acuda para hacer oficial su dimisión—, y tampoco lo hacen los dos ediles del PSOE. De esta forma, los plenos no pueden celebrarse, ya que es necesario que se reúnan la mitad más uno de los concejales y sólo asisten la alcaldesa, Consolación Soto Alonso, y otra concejal de su partido. La gestión municipal está totalmente paralizada por esta causa.
Quizá deje una vacante en este listado de no presentados el pueblo navarro de Zugarramurdi. Según nos ha explicado su alcalde, Jesús Aguerre, sí habían solicitado una subvención, y creen que el hecho de que su solicitud no haya llegado al Ministerio ha tenido que ver con un problema informático. Actualmente, la cartera que dirige Elena Salgado está revisando el caso y cree que aún puede entrar en el cupo.
En las poco más de seis semanas de plazo que los ejecutivos municipales han tenido para presentar sus solicitudes —del 10 de diciembre de 2008 al 24 de enero de 2009—, el Ministerio de Administraciones Públicas ha recibido más de 30.900 solicitudes, y ha dado el visto bueno a cerca de 13.000, por lo que aún más de la mitad están pendientes de aprobación.
Aceras, semáforos, farolas, y asfaltados comparten presupuesto con nichos, boleras, carriles bici, circuitos de skate, y hasta una sala de musculación. En total, las iniciativas presentadas suman algo más de 7.998 millones de euros, la práctica totalidad de los 8.000 millones destinados a esta medida. Salgado estima que prácticamente todo será aprobado, y las obras comenzarán entre marzo y abril.
El Gobierno estima que estas inversiones generarán 278.518 puestos de trabajo directo, que pueden alcanzar los 400.000 si se suman los indirectos, menos de la mitad de la cifra de parados con que cerró 2008.
Pero esto no le saldrá gratis a los municipios, porque deberán identificar cada obra financiada con este fondo con un cartel que cuesta 1.500 euros. Echando cuentas, esto significa que la suma de los proyectos presentados implicará un gasto total de unos 30 millones de euros, como ya han denunciado algunos alcaldes.
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