La Paz.- El presidente Evo Morales completó hoy la nacionalización del gas en Bolivia que inició hace dos años y medio, con la intervención de la empresa Chaco, de participación británica y argentina, en vísperas del referendo sobre la nueva Constitución con la que quiere refundar el país.
Para anunciar esta medida, Morales se acompañó del alto mando militar y policial en el campo de gas Carrasco de Chaco, situado en la región central de Cochabamba, mientras que integrantes del Ejército ocuparon de forma casi simultánea las oficinas que la empresa tiene en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.
La nacionalización de Chaco fue considerada por la fuerza opositora Poder Democrático y Social (Podemos) como una "cortina de humo" y una "medida electoral" con vistas a la consulta del próximo domingo.
En el campo Carrasco, Morales firmó el decreto que otorga al Estado el control de las acciones de Chaco, manejadas por la argentina Pan American Energy, participada, a su vez, en un 60% por British Petroleum (BP) y en un 40% por la también argentina Bridas.
BP informó hoy desde Londres que sigue la situación en Bolivia tras la nacionalización de Chaco, empresa en la que la firma británica dijo tener una participación indirecta del 30%.
En total, las trasnacionales contaban con un 50% de Chaco, participación que ahora pasa a manos del Estado boliviano y le da a la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) un 99% de esa compañía.
Chaco era la única petrolera, de cinco con participación extranjera, que aún seguía en manos de inversores privados tras el primer decreto nacionalizador de Morales emitido en mayo de 2006, cuatro meses después de que el gobernante indígena llegara al poder.
En los hechos, Chaco es considerada en el sector como una empresa pequeña, comparada con otras trasnacionales, que tiene en Bolivia una decena de campos de gas natural y petróleo cuya producción contribuye a las exportaciones dirigidas a Brasil y Argentina.
Tras esta operación, el Estado boliviano controla cinco empresas petroleras: una compañía de refino comprada a Petrobras, la productora Andina, asociada a Repsol YPF, una transportadora de gas y crudo (Transredes), una de logística y almacenamiento (CLHB) y ahora Chaco.
Transredes y CLHB también fueron intervenidas por el Gobierno en 2008, en el primer caso con participación del Ejército, si bien posteriormente YPFB alcanzó un acuerdo con la transportadora para pagar una compensación a sus inversores británicos (Ashmore) y holandeses (Shell).
Hace pocos días, Chaco anunció una inversión de 64 millones de dólares para aumentar la producción de gas en Bolivia, el segundo país con mayores reservas de este energético en Suramérica después de Venezuela.
Morales lamentó en su discurso que la empresa no haya respetado las normas bolivianas, en alusión a una presunta falta de voluntad de los inversores de Chaco para acatar los decretos de nacionalización.
En ese sentido, destacó que las empresas petroleras que respeten las decisiones de su Gobierno serán "bienvenidas y se garantizará su inversión", pero, en caso contrario, el Ejecutivo las intervendrá.
Morales prometió la estabilidad de los trabajadores de Chaco, dijo que la compañía no debe ser un "botín político" para los partidos y reivindicó su política de recuperación estatal de los recursos naturales.
El control de los recursos naturales por parte del Estado está previsto en el proyecto de nueva Constitución promovido por Morales y que rechazan, entre otros, sus opositores autonomistas de las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca.
El senador opositor Fernando Rodríguez, de Podemos, tildó la medida de "cortina de humo a la crisis económica que vive el país".
También la calificó de una "decisión lamentable" y una "medida electoral", porque, según dijo, Chaco es una empresa pequeña con bajos volúmenes de producción de gas y crudo comparados con los de Andina, asociada a Repsol YPF, o con Petrobras.
Rodríguez insistió en que la decisión del mandatario, tomada dos días antes del referendo, "hay una afán electoral y un cálculo político" buscando un mayor apoyo para la votación, porque, a su juicio, "el 'no' (al proyecto de Carta Magna) va a ganar el domingo".
Podemos, que participó de la concertación con el Gobierno sobre el texto constitucional, decidió promover la votación por el 'No', al considerar que Morales promueve la instauración de una "dictadura" en el país.
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