La Paz.- El Gobierno de Bolivia mantiene ocho procesos con firmas extranjeras cuyas filiales en el país han sido nacionalizadas o está previsto que lo sean, informó hoy el ex ministro de Defensa Legal Héctor Arce.
Arce, que fue relevado ayer de esta cartera para ser candidato a diputado en las elecciones de diciembre, explicó en conferencia de prensa que dos de los ocho procesos están "en trámite de arbitraje internacional", en tanto que los otros seis casos son objeto de negociación con las empresas para no llegar a un juicio.
Uno de los procesos es el interpuesto por la compañía Telecom Italia, por 350 millones de dólares, por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), ocurrida en mayo de 2008 sin previo acuerdo sobre indemnizaciones.
Arce insistió en que este juicio ha sido interrumpido por el rechazo de Bolivia a la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), al cual el Gobierno de Evo Morales renunció en mayo de 2007.
El segundo pleito es con la chilena Quiborax, cuyas concesiones mineras en el salar de Uyuni, en el suroeste del país, fueron anuladas en 2004 por el entonces presidente Carlos Mesa (2003-2005).
Sin embargo, las autoridades bolivianas prevén que el conflicto se solucionará en las próximas semanas, puesto que la firma chilena tiene la intención de renunciar al arbitraje y a una compensación por parte de Bolivia, señaló Arce.
Agregó que las carteras de Defensa Legal y de Minería elaboran un borrador del acuerdo en el cual se harán oficiales estas intenciones.
Los otros seis procesos que están en fase de negociación corresponden a las áreas de hidrocarburos, minería, servicios aeronáuticos y energía eléctrica.
Una de las empresas con las que dialoga el Ejecutivo es la británica British Petroleum (BP), que advirtió con iniciar arbitrajes por la nacionalización de sus acciones en la empresa Chaco en mayo de 2008 y en la proveedora de combustibles para la aviación Air BP este año.
Lo propio han hecho los accionistas de la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB), de capitales peruanos y alemanes, cuya empresa también fue intervenida por el Gobierno el año pasado al no haber llegado a un acuerdo de compra.
En estos tres casos, está pendiente una valoración al patrimonio de las firmas para establecer cuánto pagará el Estado por su nacionalización, tarea a cargo de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Además, el Gobierno de Morales ha sido notificado del inicio de un proceso arbitral por la suiza Glencore, cuya fundidora Vinto fue expropiada a principios del 2007.
El ministerio boliviano de Obras Públicas negocia con las españolas AENA y Abertis para la nacionalización de su filial Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (SABSA), que administra las tres terminales aéreas más grandes del país.
Finalmente, el Ejecutivo inició en julio una negociación con las empresas generadoras de electricidad del país, participadas parcialmente por capitales privados extranjeros y bolivianos, con el propósito de nacionalizarlas, proceso que, según Arce, es "prioridad para el Estado nacional".
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