París.- El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, pronunciará mañana un discurso sobre el futuro del periodismo, tras recibir el Libro Verde de los Estados Generales de la Prensa, documento que encargó a una comisión de expertos para trazar las líneas generales de la reforma que pretende acometer en ese sector.
Cuando el pasado mes de octubre Sarkozy se pronunció sobre el asunto, apuntó que "la prensa debe ser rentable" pues ese es el "mejor medio para que sea independiente" y aseguró que el Estado "no se dejará imponer ningún inmovilismo".
En el Libro Verde se reflejarán las recomendaciones de los cuatro responsables de los grupos de trabajo que han reflexionado sobre el futuro del oficio del periodismo, el proceso industrial y la prensa, los medios digitales y las relaciones entre la prensa y la sociedad.
Los objetivos de los Estados Generales consisten en elaborar un diagnóstico compartido sobre la crisis de la prensa escrita en Francia, acordar qué es lo que se quiere para la prensa en el futuro y encontrar soluciones a la crisis que vive el sector, según la información oficial.
El presidente francés ya avanzó el pasado octubre la necesidad de reflexionar sobre "la eficacia de las ayudas públicas" al sector, con la intención de verificar si se cumplen "los objetivos fijados" al crearse tras la Segunda Guerra Mundial.
"Se trata de llegar a un acuerdo sobre un cierto número de cambios para poner en práctica enseguida, para que la prensa escrita francesa salga de las dificultades inaceptables que tiene desde hace 30 años y que no harán sino agravarse si no hacemos nada", afirmó entonces el presidente francés.
Antes de que el contenido del texto se haga público, el Congreso del Periodismo, que reúne a asociaciones de periodistas, editores y ciudadanos, ha divulgado una serie de propuestas entre las que destacan la creación de un estatuto jurídico de la redacción y de un comité nacional de ética y deontología.
Además de la reflexión sobre la prensa escrita, el presidente francés ha lanzado una reforma audiovisual cuyos puntos más destacados son el nombramiento directo del presidente del organismo televisivo por el Ejecutivo -y no por el Consejo Superior del Audiovisual (CSA)- y la supresión de la publicidad a partir de las 20.00 horas en las televisiones públicas.
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