MADRID.- En 2010, los españoles que posean una vivienda en propiedad y quieren alquilarla o venderla deberán empezar a plantearse conseguir una etiqueta que certifique su eficiencia energética. El comprador o el arrendador tendrá derecho a exigir este 'sello verde', que indicará el consumo de energía de la casa y será obligatorio para todos dentro de ocho años. Así lo plantea el borrador del Real Decreto del Ministerio de Industria para mejorar el ahorro de energía del parque de edificios nacional, y que aún podría cambiar en alguno de sus planteamientos.
Actualmente, todos los inmuebles construidos desde noviembre de 2007 y los que desde entonces hayan sufrido rehabilitaciones o grandes reformas deben tener este 'sello verde', según estipula el Real Decreto 47/2007, por una transposición de una directiva europea —Directiva 2002/91/CE—. Pero, ¿en qué consiste y cómo se consigue?
Se podría comparar con las etiquetas de eficiencia energética que utilizan otros productos de consumo doméstico, como electrodomésticos, lámparas o automóviles. En este caso, existen siete letras y siete colores para determinar la clase energética de cada edificio, siendo 'A' la más eficiente y 'G' la menos. La valoración de esta escala se realiza en función del CO2 emitido por el consumo de energía de las instalaciones de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación.
Según la "Guía práctica de la energía", que edita el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), dependiente de la cartera de Miguel Sebastián, un 40% de las emisiones de CO2 son debidas al consumo de energía en el sector doméstico. Así, 1 kWh de electricidad genera 0,649 kg de CO2; en el caso de gas natural, las emisiones contaminantes serían de 0,204 kg; 0,347 kg en el caso del carbón; 0,287 si es gasóleo; 0,28 si es fueloil; y 0 si la energía se genera con energías renovables.
Además, las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria suponen el 67% del consumo energético en los hogares españoles, frente al 23% que representan los electrodomésticos habituales. Por ello, los expertos aconsejan poner todos los sentidos en la elección del sistema más adecuado para tener el calor necesario en tu vivienda sin derrochar, porque está claro que a mayor consumo, mayores serán tus facturas y las emisiones perniciosas.
"El consumo energético de una vivienda aumenta de forma importante si no presenta un nivel de aislamiento térmico correcto en la cubierta exterior, en los muros que la separan de las casas contiguas y en los cerramientos (ventanas y acristalamientos, marcos y molduras de puertas, cajetines en persianas enrollables, y chimeneas)", afirma Manuel Cabalgante, jefe de producto de la empresa Certum, especialista en estas lides.
Para solventar este tipo de carencias, este experto aconseja realizar sencillas mejoras, como colocar doble ventana o doble acristalamiento; o toldos y parasoles en las ciudades con más calor en verano, sobre todo si las fachadas dan al sur; así como emplear calderas de alta eficiencia energética. Otras medidas más complejas, porque implican obras, podrían ser incorporar corcho o fibra de vidrio o poliuretano en los muros y cubiertas, ya que son materiales con gran capacidad aislante, y con ellos se puede reducir hasta un 30% el consumo energético en la vivienda.
Pedro Prieto, jefe del departamento doméstico y de edificios del Idae, asegura que el etiquetado de los inmuebles construidos o rehabilitados después de noviembre de 2007 deben tener como mínimo una certificación 'D', ya que "todas esas construcciones han debido hacerse teniendo en cuenta el Código Técnico de la Edificación (CTE) y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (Rite)", explica.
En el caso de los edificios ya construidos, aún está por determinar el procedimiento a seguir. El borrador del RD sólo estipula que el certificado "será suscrito por técnicos que estén en posesión de la titulación académica y profesional que los habilita para la realización de proyectos de edificación o de sus instalaciones térmicas", y que serán elegidos libremente por la propiedad del inmueble. Sin embargo, por su experiencia en auditorías energéticas de edificios recién terminados, Cabalgante nos da unas pinceladas de la operativa que seguiría un experto a la hora de certificar un inmueble:
Una vez realizadas todas las comprobaciones —dependiendo de la antigüedad del edificio, serán más o menos intensivas y tendrán un coste mayor o menor—, el experto entregará al propietario un documento que certificará la eficiencia energética del inmueble, acompañado de una propuesta con una serie de medidas que podrían mejorar la calificación obtenida. Sin embargo, el propietario es libre de seguir estos consejos o dejarlos en el olvido. "La nueva normativa no obliga a mejorar, sólo da fe de una realidad e invita a realizar las mejoras propuestas, para lo que se pueden solicitar ciertas ayudas del Idae y otros organismos públicos", explica Prieto.
La certificación energética debe presentarse al órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente para su registro, e incorporarse al Libro del Edificio. Tiene una validez máxima de 10 años, transcurridos los cuales, deberá renovarse de acuerdo a la normativa que especifique cada gobierno regional.
El nuevo texto legal "está recibiendo las primeras alegaciones", y no está previsto que se apruebe antes del verano, dice Prieto. Serán necesarios seis meses más para poner en marcha un procedimiento de certificación energética válido para todo el territorio nacional, y para que las comunidades autónomas establezcan sus respectivos calendarios de inspección. Por lo que se calcula que hasta principios de 2010 no comenzará el plazo voluntario de un año que precederá a la obligatoriedad de este certificado.
Los primeros propietarios que deberán tenerlo serán aquéllos que compartan instalaciones centralizadas de calor o frío cuya potencia térmica nominal instalada supere los 1.000 kw. Les seguirán los que tengan estas mismas instalaciones, pero de entre 1.000 y 400 kw, que no hará falta que obtengan el certificado hasta 2015. El resto podrá esperar hasta 2017.
Sin embargo, Cabalgante cree que "aún queda mucho por hacer en España en materia de eficiencia energética de edificios". En su opinión, todavía "estamos en pañales", aún "se están determinando las competencias entre los departamentos de Industria y Vivienda, y sólo Galicia ha establecido los parámetros que debe cumplir una empresa que quiera realizar este tipo de auditorías", sentencia.
Uno de los primeros países de la Unión Europea que antes impuso el proceso de certificación energética de edificios fue Reino Unido, y lo hizo en 1995. Su clasificación recibe el nombre de SAP, y va desde 1, que corresponde a la menor calidad energética, hasta 100. Se considera una alta calidad energética a partir de 80.
Dinamarca lleva realizando certificaciones energéticas de edificios desde hace una década. Su clasificación comienza con A1, que se otorga a las construcciones con la máxima eficiencia energética, y va hasta CD5, que correspondería a la menor eficiencia energética.
Francia se ha unido más recientemente a esta política, ya que su normativa data del año 2000. Y establece que el consumo de energía para las instalaciones de calefacción, producción de agua caliente sanitaria, ventilación, climatización e iluminación debe ser menor que el establecido como referencia según la zona del país donde se localice el inmueble.
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