Casimiro Larrea adjudicó 2 VPO a "casos sangrantes" pero niega que prevaricase

Pamplona.-  El alcalde de Orkoien, Casimiro Larrea, ha asegurado en el juicio en el que se ha pedido para él 8 años de inhabilitación, que "no tenía ningún interés especial" en favorecer a las dos mujeres a las que se adjudicaron sendas VPO en la localidad que regía designado por IUN, pero eran "casos sangrantes".

En la vista, el fiscal ha acusado de prevaricación al alcalde al entender que las dos mujeres, una de ellas viuda y con dos hijos, y la otra con una niña de meses, fueron favorecidas con la adjudicación de sendas VPO sin que se les aplicara el mismo baremo que al resto de solicitantes.

Por su parte, la defensa ha pedido su libre absolución, ha lamentado la "campaña mediática" con tintes políticos mantenida contra Larrea y ha enmarcado su actuación dentro de la legalidad antes de la Ley foral de Vivienda de 2004 y de las recomendaciones de los asesores legales del consistorio.

El caso por el que ha sido juzgado, a raíz del cual Larrea salió de la disciplina de IUN y revalidó como independiente la alcaldía de la localidad, tuvo lugar a finales de 2005, cuando tras el proceso de adjudicación de 216 viviendas promovidas por la sociedad municipal Iturgain de Orkoien, dos de ellas quedaron libres (una por la renuncia y la otra por el fallecimiento de la persona a la que se había asignado).

Enterados de esta circunstancia cuatro vecinos del pueblo entregaron en el consistorio sendos escritos en los que alegaban diversas dificultades económicas que a su entender les hacían merecedores de una VPO, casos que se estudiaron en una Junta de Iturgain (que presidía el alcalde) en noviembre de 2005.

Según Larrea, en esa reunión se decidió "por unanimidad" otorgar estas viviendas vacantes a las dos mujeres finalmente beneficiadas, si bien se encomendaba a la empresa Aranade, contratada como gestora integral de Iturgain, comprobar que cumplían los requisitos del baremo, que eran los de contar con un determinado nivel de renta, no ser propietario de otra vivienda y tener más antigüedad en el padrón municipal que los siguientes en la lista.

La circunstancia de que se les incluyera pese a estar cerrado el plazo de presentación de solicitudes tenía respaldo en un acuerdo tomado en una junta de Iturgain en noviembre de 2003, que otorgaba prioridad a los vecinos del pueblo aunque se apuntaran durante el proceso de adjudicación, lo que en este caso supuso la variación del orden de la lista inicialmente aprobada.

Por todo ello, Larrea ha reconocido que "nuestros listados para nosotros eran claros y, al parecer para los demás, complejos" ya que "cambiaban constantemente", si bien ha recordado que en el caso hoy juzgado la documentación que justificaba esos listados no ha podido ser aportada porque fue destruida cuando se adjudicaron los pisos.

Entonces se consideró que ya no era necesario su almacenamiento, aún más cuando contenía datos personales sobre la renta y otras circunstancias privadas de los solicitantes y se guardaba en la oficina de Aranade en la que había habido algún intento de robo.

En todo caso, y además de señalar que en todas las decisiones tanto de pleno como de la sociedad municipal estaban presentes expertos como el secretario municipal o asesores urbanísticos que no advirtieron de ninguna irregularidad, Larrea ha subrayado que ni él ni los concejales de su grupo tenían "ningún interés especial" en otorgar las viviendas a las dos mujeres finalmente adjudicatarias, a quienes no conoció personalmente hasta después de este proceso.

También ha aludido al "tensísimo" pleno municipal en el que, a acusaciones de la oposición, literalmente dijo haber adjudicado "a dedo" estas dos viviendas, y ha asegurado que era consciente de que estaba siendo grabado y que la expresión fue hecha en tono jocoso y "para hacer callar" al edil de la oposición que le estaba atacando.

Precisamente éste, Fernando Suescun, de la Agrupación Independiente de Orcoyen, ha rebatido las afirmaciones de Larrea y ha asegurado que en la Junta de Iturgain de noviembre de 2005 "no se llegó a ningún acuerdo" para adjudicar las dos viviendas vacantes y tampoco hubo votación, por tanto no hubo unanimidad, por lo que en la sesión posterior su grupo no aprobó el acta porque no recogía lo sucedido.

Además, Suescun ha asegurado que "no se publicitó" que quedaron dos viviendas vacantes sin adjudicar y ha señalado que "hubo personas que presentaron su solicitud" al enterarse que se habían vuelto a adjudicar las dos VPO.

Por su parte, las dos adjudicatarias de las viviendas cuestionadas han coincidido en que se enteraron por comentarios en la calle de que estaban libres y en que no conocían personalmente ni al alcalde ni a ningún concejal de su grupo cuando las solicitaron.

El principal gestor y socio de Aranade ha explicado la función de la sociedad en este proceso, "sin poder decisorio pero con labor de gestión integral" y, aunque no ha concretado quién lo hizo, ha asegurado estar "absolutamente seguro" de que se comprobó que las dos adjudicatarias de las viviendas cumplían los requisitos.

También han intervenido tres administrativas de Aranade, quienes han incidido en que en el caso de estas dos mujeres, al contrario que en el del resto de los adjudicatarios, no fueron las empleadas las que les aplicaron el baremo, de forma que las beneficiarias acudieron a sus oficinas para reclamar el piso tras ser avisadas de la adjudicación por el Ayuntamiento.

Otra testigo ha sido la secretaria general técnica del Departamento de Vivienda del Gobierno foral, quien ha reconocido que el departamento visó los contratos de adjudicación de Orkoien pero ha incidido en que este proceso se caracterizó por la falta de información ofrecida por el consistorio pese a sus requerimientos.