El PP propone medidas normativas para pactar con la Junta un Código de Buen Gobierno

Mérida.-  El secretario regional del PP, José Antonio Monago, ha propuesto hoy una serie de medidas normativas para pactar con la Junta un "Código de Buen Gobierno" que vaya más allá de una mera declaración de intenciones y que garantice el control y la transparencia de los fondos públicos.

En una rueda de prensa, Monago ha expuesto este conjunto de medidas, que incluye la creación de una oficina de control presupuestario dependiente de la Asamblea de Extremadura, así como la puesta en marcha de un Tribunal de Cuentas específico de la Comunidad Autónoma, que vele por la transparencia del dinero público.

Además, ha propuesto la elaboración de una ley de publicidad institucional que "objetive los criterios" de audiencia o difusión a la hora de distribuir el dinero destinado a tal fin.

En ese sentido, ha criticado que en Extremadura "el caldo gordo" de estas partidas se lo están llevando empresas de fuera de la región, además de denunciar que existe "mucho gasto superfluo".

Por otra parte, el dirigente popular ha abogado por revisar la ley de incompatibilidad de altos cargos de la Junta y por crear una oficina en el Parlamento extremeño que se encargue del control, la supervisión y el cumplimiento de esa ley.

De igual forma, ha propuesto impulsar una normativa que "objetive" la inversión de los fondos públicos con destino a los ayuntamientos para evitar su discrecionalidad y dar "luz y taquígrafos" a este proceso.

José Antonio Monago ha planteado también la aprobación de una ley de subvenciones, que permita un mayor control y un mejor seguimiento de las ayudas públicas, así como otra que permita la fiscalización de las empresas públicas vinculadas a la Junta de Extremadura.

Además, ha propuesto que se fije el número máximo de asesores y personal de confianza con el que debe contar cada departamento de la Administración autónoma, así como que se establezcan los criterios del personal de libre designación o las indemnizaciones.

También ha planteado que se determinen los cargos público con derecho a coche oficial y que se cree una comisión técnica que determine la sustitución de estos vehículos y las características de los que se tengan que adquirir.

De igual forma, ha abogado por una limitación del uso de las tarjetas de crédito a cargo de la Administración y por el establecimiento de mecanismos de control, seguimiento y limitación de gastos de viaje, protocolo, dietas o inversiones en despachos.

A su juicio, estas propuestas van más allá del Código de Buenas Prácticas propuesto por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y ha confiando en que tengan una "buena acogida" por parte del Gobierno extremeño y de su titular, aunque ha recordado que el ya propuso el pasado mes de noviembre un pacto por la transparencia de los fondos públicos sin que hasta el momento haya obtenido respuesta.