MADRID.- El Gobierno ha aprobado aplicar una subida media del 3,4% a las tarifas de la luz de baja tensión (consumidores domésticos y pymes) a partir del 1 de enero y ya cuenta con un "acuerdo global" con las compañías eléctricas para acabar con el déficit de tarifa —diferencia entre ingresos y costes de la generación—, a pesar de que aún quedan detalles por cerrar, informó hoy el Ministerio de Industria.
La tarifa de los cerca de 25 millones de consumidores domésticos subirá de media un 3,5%, o 1,12 euros al mes, mientras que la que se aplica a pymes con potencias superiores a 15 kilovatios (kW), que se liberalizarán durante el primer semestre de 2009, experimentará una subida del 2,8%.
Por tramos, los 18,2 millones de usuarios acogidos a las tarifas 2.0.2 y 2.0.3 sufrirán incrementos del 3,34%, o 0,92 euros, y del 4,1%, o 2,07 euros, respectivamente. El primero de estos dos grupos, con potencias de entre 2,5 y 5 kW, cuenta con 13,6 millones de usuarios, mientras que el segundo, con potencias de entre 5 y 10 kW, tiene 4,6 millones de usuarios.
El recibo para los usuarios con potencias inferiores a 1 kW subirá un 2,35%, o 0,11 euros, mientras que para las potencias entre 1 kW y 2,5 kW el incremento será de 0,43 euros, o un 2,35%. Por último, la subida para los consumidores con potencias entre 5 y 10 kW serán de 5,83 euros al mes, o del 4,7%.
La aplicación de la subida de la luz se realizará a pesar de que el departamento dirigido por Miguel Sebastián aún no ha alcanzado con las compañías eléctricas un acuerdo para eliminar el déficit de tarifa, un desajuste que "desvirtúa" el normal funcionamiento del mercado eléctrico, según Industria.
El acuerdo, que se cerrará previsiblemente en enero, depende de detalles y de cuestiones de calendario, y consistirá en un conjunto de actuaciones que pondrán en marcha tanto las empresas del sector como el Gobierno durante la legislatura.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, condicionó la aplicación de subidas en el recibo de la luz al cierre de un acuerdo con las compañías eléctricas acerca del déficit tarifario, que este año rondará en términos acumulados los 15.700 millones desde 2000 y que en 2009 podría alcanzar los 22.500 millones.
En todo caso, la buena voluntad de las partes de encontrar una solución y la perspectiva de que ésta se produzca en breve han hecho que Industria decida seguir adelante en la tramitación de la orden ministerial de revisión de tarifas eléctricas.
La CNE calcula que sólo este año la deuda eléctrica alcanzará los 4.660 millones, un 30% menos que los 6.716 millones de su anterior previsión. Los técnicos del regulador cifraron en octubre en 7.000 millones el déficit para 2009.
El acuerdo entre Industria y las eléctricas intenta hacer encajar a partes iguales la contribución de las empresas, de la Administración y de los usuarios.
Los puntos fuertes del acuerdo serán el esfuerzo de los consumidores para soportar subidas graduales en el recibo de la luz de cerca de un 10% anual durante tres años y la financiación por parte de las empresas de un bono social vinculado a la renta para potencias inferiores a 4,4 kilovatios (kW).
Este bono social, junto a la posible renuncia a los derechos gratuitos de emisiones de CO2 y el apoyo a los grandes consumidores de la tarifa G.4, configurarán la contribución de las compañías eléctricas, que según Industria deberá servir para asumir un tercio del déficit futuro.
Por su parte, el departamento de Miguel Sebastián ha mantenido negociaciones con el Ministerio de Economía para conocer qué partidas de la tarifa no relacionadas con el suministro podrían trasladarse a los presupuestos generales.
Por otro lado, el precio del gas natural bajará a partir del 1 de enero 6 euros al mes para las pymes industriales y 1,5 euros para los consumidores domésticos.
Industria prevé un incremento de la demanda del gas natural del 2,2% y aplica el descenso en el precio de este producto tras constatar que el coste de la materia prima se redujo un 3,78% debido al abaratamiento del crudo.
Por otro lado, la orden ministerial que fija estas revisiones flexibiliza los peajes para favorecer a sectores industriales intensivos en consumo de gas que se estén viendo afectados por la crisis, entre ellos los fabricantes de ladrillos y los de cerámica.
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