Zaragoza.- El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado hoy, con la única abstención de IU, el proyecto de ley por el que se concede un aval de 200 millones de euros a General Motors (GM), condicionado al comienzo de la fabricación del nuevo Meriva antes del 30 de abril de 2010.
El aval se concede en garantía de las operaciones de préstamo o crédito que pueda concertar la multinacional automovilística con entidades de crédito por hasta 200 millones de euros, para la financiación de inversiones vinculadas a la puesta en marcha de la producción del vehículo Opel Meriva en la factoría de Figueruelas antes del 30 de abril de 2010.
Todos los grupos de la oposición han coincidido en la necesidad de incluir mecanismos de control para que, como ha dicho el diputado de CHA Chesús Yuste, la sociedad aragonesa tenga garantías del buen uso del dinero público.
El aval, con un plazo máximo de duración de 5 años, será cancelado si se incumple el destino indicado para el mismo.
Los grupos que apoyan al Gobierno (PSOE y PAR) no han aceptado, a propuesta de CHA, adelantar el plazo en el que GM tiene que empezar la fabricación del nuevo Meriva, y tampoco otras relativas a incrementar los mecanismos de garantía, que socialistas y aragonesistas consideran ya están bastante especificados en el proyecto de ley.
Se han incluido varias enmiendas técnicas del PP, pero no una que proponía la constitución de una Comisión de Seguimiento de las actuaciones previstas por la ley, con la participación de los grupos parlamentarios.
Sí que se ha incorporado al texto, en función de una enmienda de CHA, un nuevo párrafo en la exposición de motivos para garantizar que este aval no supone ningún menoscabo en la política de avales que ha de seguir prestando el Gobierno de Aragón para garantizar la financiación de las pequeñas y medianas empresas.
El diputado del PP Manuel Guedea ha insistido en la necesidad de que la empresa preste garantías financieras, de acuerdo con sus propiedades e instalaciones, algo que está previsto en el texto de la ley.
También ha mostrado su preocupación por los sucesivos expedientes de regulación de empleo presentados por General Motors España y ha exigido en esta línea al Gobierno de Aragón que sea "consciente" del aval que ha concedido cuando la Dirección General de Trabajo tenga que decidir sobre la autorización o no de estos ERE.
Para el diputado de IU, Adolfo Barrena, tras la crisis de GM hay una "mala gestión" del grupo en el contexto internacional, y ha insistido en la necesidad de que la empresa sea ahora "solidaria" y mejore las condiciones de su último ERE para que éstas sean, al menos, como las del anterior expediente.
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