Dar es Salam (Tanzania).- El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) sentenció hoy a cadena perpetua a tres ex altos cargos militares ruandeses por su participación en el genocidio de 1994 en el país, que dejó más de 900.000 muertos en tan sólo 100 días.
El coronel Théoneste Bagosora, ex director del gabinete en el Ministerio de Defensa y considerado por la Fiscalía como el "cerebro" detrás de las masacres, fue condenado junto con el mayor Aloys Ntabakuze, comandante del Batallón de comandos paracaidistas, una de las unidades del Ejército involucradas en las matanzas, y el coronel Anatole Nsengiyumva, comandante militar de Gisenyi.
El TPIR halló culpables a los tres militares de los cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra al término de un juicio histórico para Ruanda que ha durado más de seis años.
Bagosora estaba acusado además de haber ordenado el asesinato de diez soldados belgas de la Misión de Asistencia de la ONU en Ruanda (UNAMIR), que actuaba como fuerza de interposición entre las facciones rivales tras la guerra civil que vivió el país entre 1990 y 1993.
Los diez militares belgas eran la custodia de la entonces Primer Ministro ruandesa, Agathe Uwilingiyamana, quien con varios ministros y otros altos cargos del Gobierno fueron asesinados en las primeras horas del genocidio.
Un cuarto oficial, el general Gratien Kabiligi, comandante de operaciones militares en el Estado Mayor del Ejército, fue declarado inocente de todos los cargos presentados por la Fiscalía y puesto en libertad.
La Corte exoneró asimismo a cada uno de los acusados del cargo de conspiración para cometer genocidio antes del 7 de abril de 1994, fecha de inicio de las masacres, tal como había expuesto el fiscal del caso, Hassan Bubacar Jallow.
Según Jallow, los cuatro "prepararon, planearon, ordenaron, dirigieron, incitaron, alentaron y aprobaron el asesinato de civiles tutsis inocentes".
El genocidio comenzó después de que en las últimas horas de la noche del 6 de abril de 1994, el avión privado "Falcon 50" del entonces presidente ruandés, Juvenal Habyarimana, fuera derribado por un misil cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Kigali.
El avión, que procedía de Dar es Salaam, cayó frente a la residencia presidencial de Ruanda.
Junto al presidente ruandés murieron su colega burundés, Cyprien Ntaryamira, y otros altos cargos gubernamentales de Ruanda y Burundi que habían participado en la capital financiera de Tanzania en una conferencia regional en la que se trataron los conflictos civiles en sus respectivos países.
Tras el magnicidio, 937.000 tutsis y hutus políticamente moderados, según el último censo del Gobierno de Kigali, fueron masacrados entre abril y julio de ese año, con machetes y armas de fuego, por la milicia "Interahamwe" de la etnia hutu, soldados del Ejército y la propia población civil, alentada por la emisora extremista "Radio Libre Mil Colinas" y líderes locales.
Durante el difícil proceso judicial, que comenzó el 2 de abril de 2002, se acumularon numerosas pruebas, ocho veces más de las que se normalmente se utilizan, que además fueron traducidas a tres idiomas, y se escucharon las declaraciones de 242 testigos, 82 por la Fiscalía y 160 por la Defensa.
El juicio contra Bagosora y los otros tres oficiales del Ejército, que el TPIR transmitió en directo vía satélite, ha sido considerado como uno de los procesos más importantes de la historia de Ruanda tras el genocidio.
"El caso 'Militar 1' (Bagasora) es uno de los más históricos y célebres del TPIR porque estamos juzgando al supuesto cerebro del Genocidio de Ruanda de 1994", declaró al diario ruandés "New Times" el portavoz de esa instancia judicial internacional, Roland Amoussouga.
En un veredicto separado, la Corte también sentenció hoy a veinte años de prisión al empresario Protais Zigiranyirazo, cuñado del fallecido presidente Habyarimana, por los cargos de genocidio y exterminio, en la modalidad de crímenes contra la humanidad.
Zigiranyirazo de 70 años y conocido como "Monsieur Z", fue acusado de pertenecer a la llamada "Akazu", una sociedad secreta formada por miembros y familiares de la elite gobernante hutu que, se presume, planeó el exterminio de la minoría tutsi y los hutus moderados del país.
El pasado día 2, el TPIR condenó al popular cantante y compositor ruandés Simon Bikindi a quince años de prisión tras considerarle culpable de haber incitado a la población a que cometiera genocidio a través de sus canciones.
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