Santiago de Compostela.- El pleno del Parlamento gallego ha aprobado hoy, con los votos en contra del PP, la Ley de Vivienda de Galicia, que la conselleira, Teresa Táboas, consideró "vanguardista" y destacó su "marcado carácter social".
El texto recoge, entre otras novedades, la posibilidad de expropiación forzosa de pisos vacíos cuando no cumplan condiciones de habitabilidad, y también permite que los ciudadanos consulten la solvencia económica de los promotores.
El PP fue especialmente crítico con la posibilidad de que los pisos puedan ser expropiados, y la diputada popular Pilar Rojo apuntó que esta nueva norma sitúa en condiciones de ser expropiadas al 80 por ciento de las viviendas gallegas de una cierta antigüedad.
En defensa de la iniciativa, Teresa Táboas explicó que la norma está "empapada de medidas de carácter social" y, por primera vez en todo el Estado, otorga rango de ley a la rehabilitación y al alquiler. Además, recoge una disposición adicional que permitirá que los núcleos tradicionales rurales de la costa pasen a ser calificados como suelo urbano, de forma que quedarán legalizados a efectos de la Ley de Costas.
La Ley aprobada hoy recoge la posibilidad de rehabilitar inmuebles de valor arquitectónico y que estén vacíos o deteriorados para ser destinados al alquiler subvencionado.
El proyecto legislativo establece el deber del propietario de conservar el piso en condiciones normales de funcionalidad y a ejecutar las obras precisas, en caso de que no reúna las condiciones necesarias, y deja clara la potestad de intervención de la Administración para garantizar la conservación de viviendas en caso de inacción de los ayuntamientos, lo que trata de impedir la degradación de calles o barrios.
El proyecto incluye la expropiación forzosa de un piso vacío por incumplimiento de su función social, es decir, cuando no cumpla condiciones de habitabilidad y deje de ser apta para su uso como vivienda.
Otro de los apartados de la norma crea un Registro de Agentes Promotores de Galicia, al que podrá acceder cualquier ciudadano que quiera comprobar la solvencia financiera y técnica, así como las sanciones de cualquier entidad dedicada a la construcción.
Finalmente, la Ley recoge mecanismos de lucha contra el acoso inmobiliario, es decir, el ejercido contra un inquilino al dejar que el inmueble se deteriore. De esta manera, el usuario del piso tendrá derecho a un realojo facilitado por el propietario cuando las obras hagan necesario el desalojo de inquilinos.
El PP se pronunció abiertamente en contra de la norma y, en palabras de su portavoz, Pilar Rojo, "nace caducada" y, además, un cuarto de su articulado no tiene plazo para su desarrollo reglamentario, por lo que se trata de una "mera declaración de intenciones".
A juicio de Rojo, lejos de solucionar los problemas de vivienda de los gallegos, esta Norma los aumentará "de manera exponencial", al tiempo, que insistió en que se trata de una ley del BNG que cuenta con la "complicidad del PSOE".
La diputada popular sostuvo que la Ley incurre en "intervencionismo y proteccionismo" y señaló que el afán por "controlar todo se llama caciquismo, que antes estaba en los pueblos y no quiero pensar que ahora llegó a San Caetano".
Por su parte, la diputada nacionalista Carmen Da Silva consideró que con esta norma se trata de terminar con el fraude de la vivienda, así como el acceso de los ciudadanos a ella.
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