Un Parlamento Europeo dividido decide hoy sobre la ampliación de la jornada hasta 65 horas

Estrasburgo (Francia).-  El Parlamento Europeo (PE), profundamente dividido, celebrará hoy la votación definitiva sobre la directiva comunitaria que pretende ampliar hasta un máximo de 65 horas la jornada laboral en la Unión Europea.

A pocas horas de que el pleno de la Eurocámara se pronuncie, el resultado sigue siendo una incógnita, tal y como ha reconocido el ponente y principal opositor del texto en el PE, el eurodiputado español Alejandro Cercas (PSOE).

Los contrarios a la polémica reforma necesitan que al menos 393 parlamentarios -la mitad más uno de la cámara- apoyen alguna de las enmiendas más importantes propuestas por Cercas para frenar el acuerdo cerrado por los gobiernos europeos.

"Todos hacemos cuentas. Unas nos sitúan 20 diputados por encima de la mayoría y otras 20 por debajo", dijo el parlamentario socialista sobre la principal enmienda, la que propone acabar en tres años con la excepción que disfrutan algunos Estados miembros al tope de 48 horas semanales en la jornada laboral.

Esa cláusula, conocida como "opt-out", fue obtenida por el Reino Unido en la negociación de la directiva en vigor y permite que, en caso de acuerdo entre el empresario y el trabajador, éste pueda superar el máximo de horas que fija la legislación.

Con el acuerdo pactado por los países para revisar la norma, la excepción temporal se convertiría en definitiva y los trabajadores podría alargar sus jornadas hasta un máximo de 60 o 65 horas semanales, según los casos.

Para los sindicatos europeos, esa posibilidad supondría un "enorme retroceso social" y llevaría a Europa de vuelta al siglo XIX en el ámbito laboral.

Actualmente, el "opt-out" su utiliza en un total de quince países de la UE, aunque sólo de una forma masiva en el Reino Unido, donde se calcula que más de tres millones de trabajadores han firmado la cláusula para trabajar más horas.

Londres y los antiguos países comunistas del centro y este de Europa son los principales defensores de la "libertad de elección" para el empleado, a la que sólo se opusieron España y Grecia en el Consejo de Ministros de la UE, mientras que otros cinco gobiernos se abstuvieron.

En el PE, los grupos políticos sufren profundas divisiones internas sobre este asunto, en función, mayoritariamente, de la nacionalidad de cada eurodiputado.

En el caso de los españoles, se prevé que todos voten en contra de las 65 horas, después de que el conjunto de los grupos del Congreso de los Diputados dejase clara su oposición a la directiva el pasado otoño.

Junto a la polémica sobre el aumento de la jornada laboral, el texto que hoy vota la Eurocámara incluye varias disposiciones que afectan principalmente a los profesionales del sector sanitario.

Si la directiva sale adelante tal y como está formulada ahora mismo, los periodos inactivos de las guardias médicas -los momentos en los que no se está atendiendo pacientes- dejarían de ser considerados como tiempo de trabajo.

Este punto fue una de las razones que llevaron a los gobiernos a reformar la legislación, pues varias sentencias de la Justicia europea han dictaminado que todas las guardias deben contarse como tiempo trabajado, lo que coloca a muchos países en situación irregular y, según ellos, pone en peligro los sistemas de sanidad.

Según Cercas, es "bastante probable" que hoy haya una mayoría suficiente para que el PE se oponga a este punto y al que elimina la obligatoriedad de disfrutar los descansos compensatorios inmediatamente después de cada guardia, el otro asunto que afecta a los médicos.

"Simplemente con ganar eso ya sería una gran victoria", aseguró ayer Cercas, que recordó que la aprobación de alguna de las enmiendas clave frenaría la directiva y forzaría a los países a abrir una negociación con el Parlamento para tratar de consensuar un texto.