Palma.- La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha absuelto de falsedad documental a los catorce acusados del llamado "caso Caballistas", doce de ellos ediles o ex ediles del PP, y dos funcionarios, por considerar que no hubo tal delito.
El tribunal ha dictado la libre absolución de los acusados en el juicio oral celebrado entre el 1 y el 3 de diciembre, que enjuició irregularidades en la legalización de unas construcciones en suelo rústico propiedad del ex alcalde de Ses Salines Sebastià Vidal.
En el proceso se juzgó si Vidal pidió certificados de acreditación de la actividad de la Agrupación de Caballistas de Ses Salines a los ediles y ex ediles acusados, para solicitar con ello la declaración de interés general de dicha entidad hípica, cuya sede fijó en su finca.
El tribunal ha manifestado en la sentencia que considera "expresamente probado" que Vidal pidió los documentos a los ediles y ex ediles, y que todos ellos los emitieron, así como que, en algunos casos, el que fuera alcalde de Ses Salines no les informó de la finalidad del certificado ni les dijo que había pedido otros iguales.
Sin embargo, el auto puntualiza que, aunque todos los acusados son legalmente "autoridad", ninguno de ellos expidió o firmó el certificado "en el ejercicio de sus funciones"; salvo el celador municipal, Sebastián Escalas, que hizo un certificado de antigüedad de la propiedad de Vidal.
"Ninguno de los acusados tuvo conciencia de alterar la verdad, ni quiso modificarla, ni, por ello, pudo tener conciencia de la ilicitud de su acto", señala además la sentencia.
El auto resalta también la "menor gravedad o trascendencia de los efectos del documento" que expidieron los ediles y ex ediles del PP, que "no ha lesionado, ni podido lesionar, los bienes jurídicos protegidos". Añade que "si hubiera falsedad, ésta sería 'inocua'" y concluye que no la hay, ni tampoco "abierta negligencia".
El tribunal ha declarado además las costas de oficio.
El Ministerio fiscal pedía 6 años de prisión, 24 meses de multa de 50 euros diarios e inhabilitación de 6 años para Vidal, por falsedad continuada, la misma pena que solicitan las dos acusaciones populares, del vecino de Ses Salines Jaume Melis y el socialista Andreu Crespí.
Para el celador Sebastián Escalas, por elaborar un informe de antigüedad falso sobre las edificaciones propiedad del ex alcalde, la Fiscalía reclamaba 4 años de prisión por falsedad en documento oficial, mientras la acusación de Melis pide 4 años y medio de cárcel.
En cuanto a los alcaldes de Santanyí, Selva, Montuiri, y el teniente de alcalde de Llucmajor: Miguel Vidal, Joan Rotger, Gabriel Matas y Joan C. Jaume, respectivamente; así como a los ex alcaldes de Campos, Felanitx, Sa Pobla, Santa Margalida y Lloret: Andreu Prohens, Catalina Soler, Antoni Serra, Antonio del Olmo y Joan Jaume, la Fiscalía pedía para todos ellos 10 meses de multa de 20 euros y suspensión de cargo o función pública de 9 meses.
La misma pena pedía para el teniente de alcalde de Inca, Joan Rubert; y el secretario del Ayuntamiento de Campos, Sebastià Portell.
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