Palma.- Esta tarde ha quedado visto para sentencia en la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) el juicio oral por el llamado "caso Caballistas" que ha juzgado a catorce personas, doce de ellos ediles o ex ediles del PP y dos funcionarios, por delitos de falsedad documental.
El presidente del tribunal, el magistrado Antoni Terrassa, ha dictado a las 18.45 horas el final del proceso por irregularidades en la legalización de unas construcciones en suelo rústico propiedad del ex alcalde de Ses Salines Sebastià Vidal, después de tres días de juicio, en los que han prestado declaración los catorce acusados y 24 testigos.
El juicio ha terminado con un minuto de silencio por el atentado de Azpeitia y una breve declaración del principal acusado, Sebastià Vidal, quien se ha dirigido lloroso a los otros trece acusados y les ha pedido "perdón" por haberles pedido un certificado que le habían dicho que pidiera.
"Me siento muy triste de que hayan tenido que pasar este trago", ha dicho Vidal, quien ha señalado que los tres últimos años, desde que comenzara el proceso, han sido "los más tristes" de su vida.
Según Vidal, lo único de lo que se considera culpable es "ser aficionado al mundo del caballo y haber puesto unas instalaciones a disposición de la agrupación de caballistas de las que no pueden disponer en nuestro municipio".
La acusación considera que Vidal pidió certificados de acreditación de la actividad de la Agrupación de Caballistas de Ses Salines a los ediles y ex ediles acusados, para solicitar con ello la declaración de interés general de dicha entidad hípica, cuya sede fijó en su finca.
El Ministerio fiscal ha mantenido la petición de 6 años de prisión, 24 meses de multa de 50 euros diarios e inhabilitación de 6 años para Vidal, por falsedad continuada, la misma pena que solicitan las dos acusaciones populares, del vecino de Ses Salines Jaume Melis y el socialista Andreu Crespí.
Para el celador Sebastián Escalas, por elaborar un informe de antigüedad falso sobre las edificaciones propiedad del ex alcalde, la Fiscalía pide 4 años de prisión por falsedad en documento oficial, mientras la acusación de Melis pide 4 años y medio de cárcel.
En cuanto a los ediles y ex ediles, en el caso del ex alcalde de Campos, Andreu Prohens y el secretario de dicho Ayuntamiento, Sebastià Portell, la Fiscalía ha cambiado la petición de 3 y 4 años de prisión por 10 meses de multa y suspensión de 9 meses, al considerar no acreditado que supieran que el contenido del certificado que expidieron no era real.
La acusación popular ha retirado los cargos contra Portell y el fiscal Ladislao Roig contra el ex concejal de Sa Pobla Joan Llabrés "por prescripción del delito".
Para los demás acusados, el fiscal mantiene la petición de 10 meses de multa de 20 euros y suspensión de cargo o función pública de 9 meses.
Esta petición de pena afecta a los alcaldes de Santanyí, Selva, Montuiri, y el teniente de alcalde de Llucmajor: Miguel Vidal, Joan Rotger, Gabriel Matas y Joan C. Jaume, respectivamente; así como a los ex alcaldes de Campos, Felanitx, Sa Pobla, Santa Margalida y Lloret: Andreu Prohens, Catalina Soler, Antoni Serra, Antonio del Olmo y Joan Jaume.
La misma pena ha sido solicitada para el teniente de alcalde de Inca, Joan Rubert; y el secretario del Ayuntamiento de Campos, Sebastià Portell.
El fiscal ha asegurado que los alcaldes y ex alcaldes acusados actuaron "de manera absolutamente alegre y descuidada" al firmar documentos oficiales "con absoluta ligereza".
Sin embargo, la acusación popular ha asegurado que los alcaldes de Santanyí y Llucmajor, Miquel Vidal y Joan C. Jaume; el ex alcalde de Sa Pobla Antoni Serra y el ex concejal de Sa Pobla, Joan Llabrés, obraron intencionadamente al firmar documentos para ayudar al ex alcalde de Ses Salines a legalizar sus construcciones.
Han pedido al tribunal que se tenga en cuenta el delito de "dolo falsario" para los cuatro y han pedido para ellos 4 años y medio de prisión y 2 de multa.
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