El borrador del informe acusa a Vidarte de permitir el descontrol en el Museo Guggenheim

Vitoria.-  El borrador del informe de la Comisión de investigación del Parlamento Vasco sobre presuntas irregularidades en el Museo Guggenheim de Bilbao acusa a su director general, Juan Ignacio Vidarte, de permitir que "no existiera control" sobre las dos sociedades del museo.

La Comisión se volverá a reunir mañana para debatir este borrador, elaborado, a partir de las propuestas de los grupos, por su presidente, Antonio Rivera (PSE-EE).

La Comisión fue creada, a instancias del PP, para dilucidar el desfalco de más de medio millón de euros de los fondos del museo entre 1998 y 2005 realizado presuntamente por el ex director financiero del Museo, Roberto Cearsolo.

También ha analizado la pérdida de más de seis millones de euros por la compra entre 2002 y 2005 de dólares para la adquisición posterior de obras de arte, dinero que se perdió por la depreciación de la divisa norteamericana respecto de la europea.

El borrador, en su apartado de responsabilidades, achaca a Vidarte una "falta de capacidad profesional", de control de la acción de sus subordinados, de la tutela de los bienes del museo y de una gestión adecuada.

La propuesta de conclusiones establece que son responsables de lo sucedido también quienes han formado parte de los consejos de administración de las sociedades mercantiles del Museo, en especial de la Tenedora, por "falta de celo en su función de control de la actuación de su gestor máximo".

Les responsabiliza de avalar actuaciones de éste con resultados contrarios al interés de la sociedad y de "relajar su atención al manejo de recursos públicos por parte de empleados y gestores".

En el texto también se hacen unas recomendaciones, como proponer al Gobierno Vasco una reforma de las sociedades instrumentales del museo para garantizar su correcto funcionamiento, siguiendo las recomendaciones hechas en su día por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

También se plantea que las sociedades con participación pública mayoritaria pero en las que ninguna institución supere la mitad del capital social deberían ser reguladas conforme a las leyes de Principios Ordenadores de la Hacienda del País Vasco y de Régimen presupuestario.

La propuesta de informe que será debatida por los grupos recoge un recordatorio a los que ocupen puestos en consejos de administración representando a entidades públicas en su responsabilidad "ad vigilando".

En el texto se habla del "estado de descontrol en que se vivía" en el seno del Museo y sus sociedades mercantiles y de que, más allá de la confesión de culpabilidad del propio Cearsolo, la "excepcionalidad con que manejaba el día a día de las dos sociedades instrumentales era permitida por su inmediato superior, Juan Ignacio Vidarte".

"Para todas y cada una de las actuaciones irregulares o ilegales cometidas por aquél (Cearsolo) -añade el texto- cabía una acción de tutela y de responsabilidad por parte de Vidarte que no se llevó a cabo".

Se insiste en que el director general del museo "aceptó", a propuesta de Cearsolo, levantar el control de las auditorías anuales, "desconoció, por dejación", el funcionamiento diario de la administración y las finanzas e "ignoró" que Cearsolo se había hecho con una clave telemática que le permitía disponer de fondos.

"Vidarte permitió que no existiera un control interno de la Tenedora y de la Inmobiliaria, al hacerlo depender todo de Cearsolo y permitió también que no lo hubiera externo, al evitar las auditorías desde 1998", recalca el borrador de informe.

Éste apunta que la conclusión "anticipada es que o Vidarte, administrador único de la Tenedora, no sabía o no le importaba lo que por detrás hacía Cearsolo en esa sociedad", pero aclara que en cualquiera de los dos supuestos "la responsabilidad de su parte es la misma".