Trillo dice que Zapatero y Rajoy pactaron llevar sólo dos nombres al Senado para el Constitucional

Madrid.-  El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, afirma en una entrevista con Efe que el pacto suscrito por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy para renovar el Tribunal Constitucional incluía el compromiso de que cada partido propondría sólo dos candidatos en el Senado y que no habría vetos.

Trillo mantiene que su partido ha cumplido el acuerdo al presentar como candidatos a magistrados únicamente a Francisco José Hernando y Enrique López y que ha sido el PSOE el que lo ha "incumplido doblemente" al ampliar la lista de aspirantes y, al mismo tiempo, vetar a los propuestos por el PP.

- Pregunta: La renovación del Constitucional sigue pendiente pese a haber sido pactada en julio por Zapatero y Rajoy. ¿Cuáles fueron los términos del acuerdo?

- Respuesta: Que no habría vetos recíprocos a los candidatos y que el PP y el PSOE en el Senado propondrían a las dos personas que cada uno considerara idóneas a través de las distintas mayorías en los Parlamentos autonómicos. El PSOE lo aceptó porque veía que era un inconveniente grave abrir la elección a diecisiete Parlamentos y comprometer a muchas personas cuando al final sólo van a salir dos.

Nosotros hemos cumplido. El PSOE no, porque ha metido a catorce personas en danza y, por tanto, ha incumplido doblemente el pacto. El PSOE, como siempre, quiere proponer a sus candidatos y tener derecho de veto sobre los de la oposición. Ahora la negociación está bloqueada.

- P: ¿Y ese bloqueo tiene algo que ver con que el Constitucional deba aún pronunciarse sobre el Estatuto de Cataluña?

- R: Tiene que ver que, de momento, esa sentencia está paralizada y que, si no hay renovación, se resolverá por el mismo tribunal que comenzó a estudiarla hace ya 27 meses. Pero la paralización tiene una principalísima responsable, que es la presidenta del TC, María Emilia Casas, que está faltando a su responsabilidad legal de impulsar el desarrollo de los acuerdos del pleno y el orden del día.

A esa responsabilidad legal hay que añadir la personal, ya que Casas se comprometió con nosotros a aceptar la tramitación preferente de la sentencia dada su trascendencia.

- P: ¿Qué opinión le merecen las protestas de los jueces por la falta de medios?

- R: La situación en la Justicia sigue siendo de una enorme tensión derivada del atasco y de la falta de diálogo acumulados. Hemos pedido al ministro (Mariano Fernández) Bermejo que hable con las asociaciones de jueces y con los sindicatos, pero si no hay voluntad de mayores dotaciones presupuestarias y de mayor capacidad de entendimiento, no garantizo nada en el futuro.

- P: ¿Es posible destinar más dinero a la Justicia en tiempos de crisis?

- R: El Estado sólo destina el 0,5 por ciento de su gasto total a la Justicia, de manera que un incremento de otro 0,5 por ciento supondría un importante salto de calidad cualitativo en la Justicia y tendría una mínima significación en los gastos en época de crisis.

- P: ¿El que las protestas hayan subido de tono tras el "caso Mari Luz" revela corporativismo por parte de los jueces?

- R: El problema es anterior al "caso Mari Luz" y no debe confundirse un mal endémico de falta de dotaciones adecuadas con un caso de anormal funcionamiento de la Justicia en el que deben depurarse las responsabilidades.

- P: ¿Debe aumentarse la sanción al juez Rafael Tirado?

- R: Debe indemnizarse a la familia de Mari Luz, aunque no lo haya solicitado, porque es la Justicia la que ha funcionado mal. Sobre cuál debe ser la sanción a Tirado no me voy a pronunciar, debe ser el Poder Judicial el que resuelva.

- P: El PP ha criticado la investigación del juez Baltasar Garzón sobre el franquismo ¿Qué respuesta debe darse a quienes pretenden recuperar los restos de sus familiares asesinados?

- R: La que se está dando, que se dirijan a los tribunales, lo cual no implica que Garzón tenga una competencia universal sobre la historia de España, saltando por encima de las leyes de indulto o amnistía, de la prescripción, de la irretroactividad de las leyes penales y, además, del sentido común.