Y tú, ¿por qué te opones a la exhumación de las fosas?

La Ley 52/2007, la Ley 46/1977, sumarios, autos, recursos, competencias, irretroactividad de las leyes penales... En ocasiones, el lenguaje jurídico se convierte en una cortina de humo que despista e impide ver la naturaleza de los problemas. Según Amnistía Internacional, es exactamente lo que está ocurriendo en el tema de las exhumaciones de cadáveres de los represaliados durante el franquismo. Por esta razón, la organización ha presentado un estudio en el que se desmontan todos los argumentos jurídicos que se vienen manejando en estos días para torpedear la apertura de fosas y la reparación de las víctimas.

Para transmitir una idea acerca de la magnitud de la cuestión, durante la presentación del documento, Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía, ha afirmado que España es el país del mundo con mayor número de casos de desaparición forzada denunciados ante sus tribunales, con un total de 114.000, una cifra que supera el número total de denuncias presentadas en América Latina en los últimos 40 años, incluyendo episodios tan negros como los de Argentina, Chile, Perú, Guatemala... Además, la organización ha analizado cómo se ha hecho frente a los crímenes contra la humanidad en más de 25 países en los que hubo desapariciones forzadas, y resulta que España es el único país en el que no se ha puesto en marcha una comisión-verdad para el esclarecimiento de los hechos.

Para Amnistía Internacional, "las alegaciones del Ministerio Fiscal para frenar la acción de la justicia son totalmente incompatibles con el derecho internacional e incluso con la propia legislación española". Y es que "los crímenes contra el derecho internacional no son delitos establecidos por los Estados sino reconocidos por la comunidad internacional, sobre los que se impone la obligación de investigar", según la organización. Además, en este caso se cumple aquello de ver 'la paja en el ojo ajeno...', ya que, según ha añadido Esteban Beltrán, "en España, donde se han impulsado investigaciones de crímenes contra la humanidad cometidos en otros países, desde China a Ruanda, el Ministerio Fiscal no puede ahora poner en duda u oponerse a cumplir con la obligación de investigar los graves crímenes que se cometieron durante la Guerra Civil y el franquismo. Las victimas y familiares tienen los mismos derechos tanto en Argentina o en Guatemala, como en Burgos, Madrid o Badajoz".

El estudio de Amnistía Internacional pone en duda, fundamentalmente, los argumentos jurídicos que ha manejado la Fiscalía. Además, hemos charlado con Giulia Tamayo, responsable de investigación de Amnistía y experta en jurisdicción internacional, quien nos ha ofrecido además una réplica a los argumentos que normalmente utilizan los políticos y que se encuentran en la calle para criticar el movimiento iniciado el pasado 16 de octubre por el juez Garzón. Estos son los principales argumentos y sus contestaciones respectivas:

• Remover viejas heridas. Uno de los argumentos más utilizados —sobre todo en boca de algunos políticos— es que España ha logrado, merced a la transición, un nivel de consenso muy aceptable y que la mejor solución es dejar las cosas como están para llevar una convivencia pacífica. Ante esta posición, Giulia Tamayo responde con una frase del jurista francés Louis Joinet: "Antes de pasar página hay que haberla leído". "Este tipo de argumentos tratan de normalizar algo que no es nada normal", según Tamayo. Las desapariciones forzadas son un crimen contra el derecho internacional que, en caso de ser perpetrados de forma sistemática y generalizada contra la población civil, constituyen un crimen de la mayor gravedad, aseguran desde Amnistía.
• La Ley de Memoria Histórica ya satisface los derechos de las víctimas. La Fiscalía argumenta en su recurso que la Ley de la Memoria Histórica de 2007 no permite investigaciones judiciales porque ya facilita medidas adecuadas y suficientes a favor de las víctimas. Sin embargo, la propia Ley establece su compatibilidad con "el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España".
• Los responsables ya están muertos. La extinción de la acción penal por fallecimiento de los presuntos responsables se deberá declarar por un juez como resultado de la oportuna investigación, y no es un motivo para impedir ésta, según Amnistía Internacional. La búsqueda de responsables es sólo la parte final del proceso, pero hay muchas cosas que tienen que determinarse con anterioridad. "En una democracia constitucional la única verdad pública es la verdad judicial o la que provenga de una comisión-verdad convocada por el Estado, algo que no ha sucedido en España", según ha declarado Hernando Valencia durante la presentación del proyecto. Así, la finalidad del proceso no debe ser únicamente la determinación de los responsables, sino también el establecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, según el especialista.
• ¿Un delito común que ha prescrito? ¿Un crimen contra la humanidad? ¿Es competencia de la Audiencia Nacional? La Fiscalía y el juez Garzón se han enzarzado en una discusión jurídica que se refiere a cuestiones de competencia, a la calificación de los hechos, a su posible prescripción, a la opción de acogerse a la Ley de Amnistía de 1977, de la irretroactividad de las leyes penales... Quien quiera conocer esta discusión en profundidad puede dirigirse al documento de Amnistía titulado 'La obligación de investigar los crímenes del pasado...', en el que se analizan de forma minuciosa los argumentos de ambos 'contendientes'.
• Revanchismo y bandos. Hay quien en estos días asegura que la decisión de Garzón favorece únicamente al bando republicano. Sin embargo, Amnistía Internacional opina que "es el Estado español el que hasta la fecha ha mantenido una distinción arbitraria al principio de igualdad en dignidad y derechos de las víctimas, y ha prolongado la injusticia respecto de aquellas víctimas y sus familias que fueron privadas de recursos efectivos. El Estado debe cumplir con su obligación de investigar todo hecho constitutivo de un crimen contra la humanidad con independencia de las filiaciones políticas, religiosas o cualquier otra condición de las víctimas". Giulia Tamayo, por su parte, asegura que es ridículo hablar de bandos cuando nos referimos a la dignidad de las personas y, además, se trata de crímenes contra la humanidad.

Durante nuestra conversación con Tamayo salió a la luz el famoso episodio de Paracuellos [donde hubo una matanza de prisioneros causada por el bando republicano]. "En Paracuellos ha habido todo el respeto para las víctimas, incluso honores por parte de las autoridades españolas. No se puede hablar de personas en las cunetas, y hay responsables que han sido procesados e incluso condenados. Si hubiera un caso en Paracuellos que no hubiera sido investigado, ahora podrían localizarse los restos de las víctimas. Aquí no vale el 'todos hicieron barbaridades'. Hay que investigar cada una de las barbaridades", asegura Tamayo.

• No es pertinente a la luz de un cálculo económico. Otro argumento que ha salido a la luz en los últimos días es que, en tiempos de crisis económica, no es oportuno destinar tantos recursos a la exhumación de las fosas. Giulia Tamayo responde a esta postura asegurando que se trata de algo "oportunista y canalla", y que en tiempos de bonanza económica no se hizo ningún movimiento en la misma dirección, habiendo transcurrido mucho tiempo y mucho sufrimiento para las víctimas. Un sufrimiento que conoce de primera mano después de haber trabajado durante muchos años en países de América Latina que pasaron por procesos similares al español.

España se encuentra en una encrucijada histórica, según Esteban Beltrán: o sigue la senda de verdad, justicia y reparación o se convierte en una de las pocas excepciones mundiales que niegan en sede judicial esa verdad, esa justicia y esa reparación. Giulia Tamayo, por su parte, concluye la entrevista con la esperanza de que, tarde o temprano, la verdad salga a relucir. El problema es que cerrar o negar la verdad es un empeño con una cara oculta: se está prolongando la injusticia y el sufrimiento de las familias.