Más radio catalana para Cataluña

Descontento y protestas. Es el resultado de la adjudicación de licencias de radio en Cataluña. El Consell del Audiovisual de Catalunya (CAC) ha concedido 83 licencias de radio privadas y muchos se alzan contra un acuerdo que perjudica a algunos grupos y vuelve a arrojar sospechas sobre un sistema de radiodifusión sometido a la política y los intereses de los medios. Las miradas, sospechas de unos y esperanzas de otros, están puestas en el futuro Consejo Audiovisual Estatal que el Gobierno de Zapatero quiere implantar con la prometida ley audiovisual.

El reparto del espacio radioeléctrico siempre tiene ganadores y perdedores. Es la economía de la escasez. En Cataluña se presentaron 1.279 propuestas para 83 frecuencias. Todos los grandes grupos querían más emisoras, pero de las 105 frecuencias disponibles, 22 se reservaron para emisoras públicas (locales y autonómicas). La radiodifusión pública vuelve a ser la gran beneficiada y de las 735 frecuencias existentes en la comunidad, 557 pertenecen al Estado, la Generalitat, las diputaciones y ayuntamientos.

En el camino de las concesiones, presiones políticas, mediáticas, económicas y rencillas personales que vuelven a poner en discusión un sistema de regulación audiovisual siempre discutido por los intereses económicos y políticos a los que siempre afecta.

En la radio privada, los beneficiados son grupos catalanes como Godó (La Vanguardia), que consigue 17 nuevas licencias. Grupo Flaix (propiedad de los periodistas Miquel Calzada, Mikimoto, y Carles Cuní ) suma 12 nuevas a las tres que poseía, 16 en total con una asociada. Tele Taxi llega a 15 al recibir 12 y Onda Cero (propiedad de Planeta) ya tiene 14 al sumar 8. Son las grupos más beneficiados, además de Radio Estel, emisora de la iglesia catalana que consigue 7 frecuencias junto a sus cuatro anteriores.

Pero Unión Radio (80% Prisa, 20% Godó) sigue siendo la radio privada mayoritaria en Cataluña con sus emisoras de la Ser, Los 40, Cadena Dial, Ona, M80, Olé y Máxima. En total 36 frecuencias, nueve de las cuales han sido concedidas en este concurso, a las que hay que sumar diez asociadas.

Entre los más perjudicados están Punto Radio (Onda Rambla) y la Cope, que no reciben ninguna concesión y pierden emisoras activas desde 2003, tres en el caso de la radio de Vocento y dos de la cadena de los obispos. Y el Grupo Zeta, en plena crisis tras su fracasada venta, que no consigue tampoco ninguna de las licencias a las que aspiró y sólo mantiene una emisora de Rock&Gol mientras otra está impugnada por la Ser.

Entre las perjudicadas están también algunas emisoras pequeñas de ámbito comarcal y local, como ocurrió en la concesión de licencias de TDT. Acusan al CAC de acabar con la radio de proximidad, de centralismo y de beneficiar a los grandes grupos. El resto de las 18 licencias se han concedido a radios locales no pertenecientes a grupos grandes.

Las frecuencias perdidas por algunas cadenas se concedieron en noviembre de 2003 mediante un plan piloto de licencias en pruebas en principio para seis meses, cuando se esperaba la aprobación del plan técnico de radiodifusión estatal. Las empresas consideran que sus derechos se han consolidado y el presidente del CAC, Josep Maria Carbonell, cree que esas frecuencias «no fueron legalmente otorgadas a nadie» y recuerda que fue un acuerdo entre «el Departamento de Presidencia de la Generalitat y una organización privada que aglutina y controla la mayor parte del mercado radiofónico privado».

Los intereses políticos y de los medios vuelven a enturbiar un proceso singular en España. Cataluña es la única autonomía con un consejo audiovisual encargado de otorgar las licencias de radio y televisión, mientras en el resto del estado, incluidas Andalucía y Navarra, donde también existen estos organismos, la adjudicación continúa en manos de los ejecutivos estatal y autonómicos.

El sistema de elección de los miembros de los consejos y sus funciones vuelve a mostrar excesiva dependencia política. En el caso de Cataluña, nueve miembros son elegidos por el parlamento a propuesta de tres grupos, lo que exige cierto consenso, y la presidencia la nombra el gobierno de la Generalitat. Muchas organizaciones y expertos reclaman un modelo más abierto y participativo, con representación de profesionales, empresas y público.

Pero ningún regulador está exento de polémicas. En el caso catalán lo más criticado ha sido la aprobación en 2005 de una ley audiovisual con voluntad de juzgar la veracidad de la información y un acento en una cierta forma de entender la cultura catalana apegada al nacionalismo.

En las decisiones del CAC se aprecia, más allá del ruido y los intereses de unos y otros, una apuesta por los grupos catalanes más fuertes. El espacio catalán de radio no será el mismo tras unas concesiones cuyos criterios estaban claros antes de la concesión y que nadie recurrió. Un sistema de puntos que valora los proyectos económicos (máximo de 250 puntos), el planteamiento tecnológico (200 puntos), la programación (150 puntos) y la promoción del ámbito catalán: 100 puntos por la lengua, 50 por fomento de la industria autonómica, 40 por la aportación a la programación catalana, 40 más por el interés de la oferta en el ámbito catalán, 30 por la música en catalán y otros cien por valores locales.

Más radio catalana para Cataluña, un sistema discutible pero que el poder político defiende y los ciudadanos deberán ratificar con su audiencia y con sus votos.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sigue negociando una ley audiovisual y un consejo que hace temer a algunos un Ministerio de la Verdad estilo orwelliano mientras los medios privados defienden sólo una institución con funciones administrativas y sin control sobre los contenidos. España sigue siendo uno de los pocos países europeos sin un organismo independiente para la regulación de la radio y la televisión, tanto pública como privada.