Washington.- Los demócratas tratan desde hoy en el Senado, donde tienen mayoría, la aprobación de un ambicioso plan de estímulo económico que incluya ayudas para el sector automotriz, pero sus detractores republicanos se lo están poniendo difícil.
La cámara alta inició hoy una abreviada sesión postelectoral, conocida en inglés como "lame duck", con el objetivo de dar respuestas inmediatas a la crisis económica y arrojar un salvavidas a la industria automotriz.
"Los senadores tienen que decidir: o esperamos hasta enero, cuando tengamos un nuevo Congreso y un nuevo presidente, o intentamos tratar de trabajar sobre estos problemas ahora", sentenció hoy el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, al inicio de la sesión.
Su mensaje estaba dirigido a los republicanos, que no quieren ni oír hablar de un segundo plan de estímulo económico y tampoco respaldan un plan de rescate para General Motors (GM), Ford y Chrysler.
En declaraciones a la cadena MSNBC, el senador republicano Richard Shelby responsabilizó a la gerencia por los males del sector y recetó un cambio del "modelo de negocios" de las grandes empresas.
"Creo que la industria automotriz es una industria importante, pero ¿será lo suficientemente importante como para tirarle más dinero a una ratonera, dinero que no irá a ninguna parte, que no resolverá el problema fundamental que ha ocasionado?" se preguntó Shelby, haciéndose eco del escepticismo de su partido.
Si continúa la resistencia republicana al plan de estímulo, Reid prevé presentar en el pleno del Senado una medida que sólo contenga una extensión de los beneficios de desempleo y ayudas para el sector automotriz, según su oficina.
Tanto el Congreso como la Casa Blanca coinciden en que la industria automotriz -de la cual también dependen abastecedores y concesionarios, entre otras empresas-, necesita ayuda, pero no hay consenso sobre cómo rescatarla del abismo.
"La industria automotriz es una parte importante de nuestra base manufacturera, y queremos que la industria tenga éxito y compita en la economía global", destacó hoy la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino.
Sin embargo, matizó, el Gobierno del presidente George W. Bush continúa oponiéndose a que se extraiga una ayuda de 25.000 millones de dólares para Detroit del plan de rescate financiero de Wall Street de 700.000 millones de dólares aprobado el mes pasado, como proponen los demócratas.
La infusión de fondos para GM, Ford y Chrysler debería provenir de un programa de préstamos a cargo del Departamento de Energía para el desarrollo de vehículos que consuman menos combustible, enfatizó.
El presidente electo, Barack Obama, al igual que muchos demócratas en el Congreso, consideran que la ayuda para los Tres Grandes de Detroit debe ser parte de una estrategia a largo plazo para revitalizar al sector y no simplemente entregarles un cheque en blanco.
Los representantes de GM, Ford y Chyrsler -que el miércoles acudirán a una audiencia de la Cámara de Representantes para exponer la gravedad del problema- insisten en que el fracaso de una sola empresa arrastraría a las demás y desencadenaría la pérdida de millones de empleos.
Sus detractores, sin embargo, consideran que el plan es un error porque no corregiría sus problemas a largo plazo, además de que se oponen a la continua intervención del Gobierno en la economía.
La mayoría demócrata en el Congreso está acosada por todos lados: por los sindicatos, que con su dinero y voto contribuyeron a la victoria de Obama, y por los Tres Grandes de Detroit, que pintan un panorama catastrófico para el país si no se les rescata.
Pero, tomando en cuenta que los demócratas, por ahora, tienen una exigua mayoría en el Senado, muy pocas confían en que el Congreso le tire un balón de oxígeno al sector antes de fin de año.
Mientras, el legislador demócrata Barney Frank promueve en la Cámara de Representantes su propio plan de hasta 25.000 millones de dólares en préstamos de emergencia que incluye medidas para proteger a los contribuyentes.
Barney también propone prohibir el pago de bonos a empleados del sector que ganen más de 200.000 dólares al año, la creación de una junta gubernamental que vigile las decisiones corporativas, y el pago de dividendos mientras las empresas estén endeudadas con el Gobierno.
Fuentes legislativas confirmaron hoy a Efe que el Congreso prevé concluir la última sesión legislativa del mandato de Bush este viernes o, a más tardar, el lunes próximo.
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