Bogotá.- El Gobierno de Colombia ordenó hoy la toma de las sedes de la controvertida empresa DMG, que ofrecía triplicar los intereses a sus clientes, en medio de la crisis causada por la quiebra de las "pirámides" financieras que captan dinero por fuera del sistema legal, informaron fuentes oficiales.
El Gobierno adoptó la medida después de la medianoche de hoy y se espera que en las próximas horas declare el "estado de emergencia social" que permita expedir decretos para enfrentar la situación, que analizó ayer en una larga sesión el presidente Álvaro Uribe con sus ministros.
La presidencia colombiana indicó que hoy habrá una conferencia de prensa para explicar las medidas de "emergencia social", situación prevista por la Constitución y que faculta al Ejecutivo para expedir decretos en casos especiales durante un lapso inicial de un mes.
El general Orlando Páez Barón, director de seguridad ciudadana de la Policía, declaró a los periodistas que se ordenó intervenir a la firma DMG en 20 departamentos del país y de inmediato las sedes de esa firma en 59 localidades fueron ocupadas por la Policía.
La toma se hizo en la madrugada de hoy, lo que evitó protestas y disturbios.
La compañía DMG lleva las iniciales de su promotor, David Murcia Guzmán, un empresario joven de origen modesto que se encuentra en Panamá.
Esta firma acumuló en los últimos dos años miles de clientes atraídos por su sistema de entregar cupos de crédito, incrementando sus aportes.
Pero según sus responsables, aseguraron en su página web que no han incurrido en actividades ilegales, ya que no manejan dinero, sino tarjetas "prepago" que se entregan a los clientes, que no encuentran rentabilidad en los bancos.
Por ello las acciones del Estado "no tienen sustento moral ni legal", agregó la empresa.
El fenómeno de las "pirámides" entró en crisis la semana pasada cuando comenzaron a desaparecer los responsables de varias oficinas que recibían dinero en metálico a cambio de pagar intereses de hasta el 300 por ciento.
Según el Gobierno en los últimos tres años funcionaron en el país al menos 240 de esas compañías piratas que pudieron recaudar unos 800 millones de dólares ofreciendo triplicar los fondos y quebraron al no poder cumplir su oferta.
El pasado miércoles se registraron disturbios en varias ciudades, en las que decretó el toque de queda para contener las protestas, que dejaron dos muertos mientras que un tercer ahorrador defraudado se suicidó.
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