Bogotá.- El empresario colombiano David Murcia Guzmán, detenido por supuesta captación ilegal de dinero y estafa, se negó hoy a declarar ante el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) que investiga la financiación de una campaña en favor de una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe.
Murcia Guzmán alegó motivos de seguridad personal y de su familia para abstenerse de hablar, dijo a la prensa José Joaquín Vives, letrado del CNE que sigue la causa sobre los fondos con los que se costeó dicha campaña.
El CNE indaga cómo se financió una recolección de millones de firmas de respaldo a un proyecto legal que busca convocar a los electores a las urnas para que aprueben una enmienda constitucional que permita que Uribe pueda concurrir a otra reelección presidencial.
Hace una semana, el fundador del intervenido consorcio DMG (equivalente a la sigla de David Murcia Guzmán) afirmó en varias entrevistas periodísticas que había aportado a esta campaña más de 5.000 millones de pesos (unos 2,07 millones de dólares).
Según él, una parte del dinero se gastó en el transporte de los millones de firmas, tarea que implicó aviones, helicópteros y vehículos blindados, y otra en la compra de camisetas, gorras y un papelería, siempre por solicitud del llamado Comité Promotor del Referendo para la Reelección de Uribe.
Las afirmaciones llevaron al magistrado Vives a convocar a Murcia Guzmán a una vista hoy en La Picota, presidio del sur de Bogotá en el que el reo se encuentra recluido desde noviembre pasado, cuando fue deportado al país tras su detención en Panamá.
"Él se ha abstenido de declarar ante nosotros", expresó Vives, para quien esta circunstancia "hace difícil y casi imposible verificar la certeza" de las palabras del empresario, también reclamado en extradición por Estados Unidos por lavado de activos.
En el acta de la diligencia, los asistentes del magistrado escribieron que presunto estafador aseguró que "estaría dispuesto a hacerlo (declarar) en un escenario público como el Congreso de la República".
Los responsables de la campaña por el referendo igualmente están siendo investigados por la Fiscalía General, entidad que también procesó a Murcia por captación ilegal de dinero y lavado de activos.
El conglomerado DMG, intervenido por el Gobierno el pasado noviembre, era una comercializadora de bienes y servicios mediante tarjetas prepago que, al mismo tiempo, reconocía altos intereses a sus clientes por la inversión hecha con estos medios de pago.
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