Palma.- Los dos juzgados de lo Mercantil de Baleares han registrado en lo que va de año casi el triple de concursos de acreedores voluntarios y necesarios que en 2007, al pasar de 66 el año pasado a 189 en los primeros diez meses de 2008.
Según ha indicado en rueda de prensa el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, Antonio Terrasa, los concursos (antigua suspensión de pagos) han experimentado un "aumento desaforado".
En el caso de los concursos voluntarios, los juzgados de lo Mercantil han registrado en 2008 un total de 103 procedimientos, frente a los 36 de 2007 o los 42 de 2006. Los concursos necesarios también han se han multiplicado este año, al pasar de 30 en 2007 a 86 en los diez primeros meses de 2008.
"Las previsiones de futuro inmediato no son tampoco muy buenas", ha apuntado Terrasa, por lo que, según ha explicado, el TSJIB pedirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la creación de un tercer juzgado.
Este requerimiento parte de los jueces de lo Mercantil Víctor Fernández y Encarnación González, que han elaborado un informe en el que proponen medidas para descargar de trabajo sus juzgados, el cual será entregado el viernes a los dos vocales delegados territoriales del CGPJ en las islas.
En espera de la constitución de un nuevo juzgado, el TSJIB plantea además el refuerzo de los dos ya existentes con un juez, un secretario y personal de refuerzo para el número 1, así como con personal de refuerzo para el número 2.
Terrasa también ha informado de la reunión mantenida esta mañana con la consellera de Trabajo y Formación, Joana Barceló, y los jueces de lo Mercatil, en la que se han abordado actuaciones para agilizar la tramitación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de empresas en situación de concurso.
Barceló, presente en el acto, ha explicado que esta cooperación entre su Conselleria y los jueces consiste en un protocolo de colaboración para facilitar la tramitación de los expedientes que afecten a las islas, los cuales, según la consellera, han aumentado con motivo de la crisis económica.
Este protocolo recoge que, en el caso de que haya un ERE que atañe a trabajadores de Baleares tramitado por un juez de lo Mercantil de Palma, el Govern aportará la información requerida gracias a una "comunicación permanente" entre los juzgados y la Conselleria,
Además, los jueces podrán pedir a la Administración autonómica informes acerca del ERE y, en el caso de que el expediente afecte a diferentes comunidades y la emisión del informe pase a depender del Ministerio de Fomento, se facilitará el intercambio de información entre las diferentes administraciones, ha explicado Barceló.
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