Lamarca pide que la Ley de Servicios Sociales clarifique la cartera de servicios

Vitoria.-  El Ararteko, Íñigo Lamarca, ha abogado hoy por que la futura Ley de Servicios Sociales "clarifique" la cartera de servicios y la responsabilidad de cada administración en materia social, por ser "absolutamente clave para el futuro del sector".

Lamarca ha comparecido hoy ante la comisión correspondiente del Parlamento Vasco para presentar el informe que ha elaborado sobre las "Condiciones de trabajo en el tercer sector de intervención social".

En el informe se analiza la situación de las entidades de iniciativa social que prestan determinados servicios en ámbitos como la juventud, la tercera edad, las personas discapacitadas o la inmigración y que dependen en gran medida para su funcionamiento de la financiación pública.

El informe estudia los datos aportados por 293 de estas entidades, en las que trabajan de forma remunerada 8.000 personas. En total, en el País Vasco existen 1.500 asociaciones de este tipo, con 18.000 empleados y 60.000 son voluntarios.

Entre las recomendaciones realizadas en este informe, la primera es que la administración defina concretamente el servicio y las condiciones de prestación.

Lamarca ha explicado que el hecho de que la administración defina un servicio como público y otro no "tiene una gran influencia en las condiciones de trabajo de la entidad que gestiona el servicio y en las condiciones laborales del personal".

Ha insistido en que esto es así porque las administraciones consideran que su responsabilidad es mayor en aquellas entidades que gestionan servicios públicos o complementarios a estos, por la vía de la contratación o el convenio, y que es menor en aquellas que gestionan otros recursos, como subvenciones.

Tras advertir de que "el problema" reside en que, en muchos casos, la diferenciación no está clara, el Ararteko ha argumentando que esta situación "debe superarse, al igual que se hace con otros servicios como el sanitario o el educativo, con una cartera de servicios para el ámbito social y, consecuentemente, con la clarificación de las responsabilidades que en cada caso asume cada administración".

Lamarca ha reconocido que "seguramente" la futura Ley de Servicios Sociales debería aclarar esta situación, para, entre otras cosas, "evitar que al distribución competencial sea un elemento que perjudique la calidad del servicio".

Además, otra de las recomendaciones del informe plantea tomar en consideración la incorporación al sector de entidades con ánimo de lucro, "fenómeno relativamente nuevo pero con gran influencia ya en determinados sectores como la tercera edad".

Elixabete Piñol (PNV) ha dicho que en este sector hay cuestiones que se deben "mejorar y corregir por todas las partes, también por parte de las asociaciones y entidades" que, a su juicio, deben "profesionalizar más su gestión".

Mertxe Agúndez (PSE-EE) ha explicado que se está pasando de un modelo basado en el voluntariado a la institucionalización, en el que concurren entidades pequeñas y privadas.

Agúndez ha apostado por que se aclaren los marcos de actuación con unas "condiciones mínimas" que deberían exigirse a través de los convenios y una financiación estable.

Arantza Quiroga (PP) ha definido como "fundamental" esa financiación estable y "clara" que, a su juicio, debe basarse en la concertación y no en la subvención, que ésta "da problemas" por la lentitud de las administraciones.

Karmele Antxustegi (EA) también ha puesto especial énfasis en la "concreción del a financiación" de las entidades que actúan en el denominado tercer espacio de los servicios sociales, porque muchas no saben con qué fondos pueden contar hasta finales del ejercicio que es cuando muchas veces reciben las subvenciones.