Vitoria.- El proyecto de Ley de Servicios Sociales va a continuar su tramitación parlamentaria en ponencia, después de que la Comisión de Trabajo y Acción Social de la Cámara vasca haya rechazado la enmienda a la totalidad de EHAK.
Excepto EHAK, todos los grupos, PNV, EA, EB, PSE-EE y PP, han votado en contra de esta enmienda. Después de la votación se ha creado la ponencia, en la que se debatirán las 248 alegaciones parciales de los partidos.
La principal novedad de este proyecto, y uno de los puntos de fricción entre las formaciones, radica en cómo se desarrolla la figura del "copago", que supone que los beneficiarios de los servicios tendrán que pagar parte de sus prestaciones.
La portavoz de EHAK, Nekane Erauskin, ha denunciado que la ley "no responde a los desafíos actuales, porque no se abordan las causas que provocan la exclusión social", al tiempo que se ha mostrado en contra de la fórmula del "copago".
Asimismo, ha indicado que no contiene medidas "correctoras" que solucionen las "diferencias territoriales" en relación a los servicios sociales, al tiempo que ha criticado que se mantengan centros de titularidad privada en este ámbito.
Desde el PNV, Bakartxo Tejería ha defendido que la reforma que se plantea "propugna la igualdad de oportunidades, la cooperación, y la autonomía personal", y ha subrayado que el proyecto es "muy progresista".
La socialista Gemma Zabaleta ha opinado que apoyar la enmienda supondría "colocarnos en un punto cero y no queremos eso". Ha abogado por "recorrer un camino para la mejora del proyecto, de cara a lograr una ley con un alto grado de consenso político e institucional", con el fin de "establecer las bases solidas del sistema vasco de servicios sociales".
El PP no ha intervenido en el debate, mientras que en representación de EA, Karmele Antxustegi, ha apuntado que el texto "refleja la realidad social", y se ha mostrado dispuesta a mejorarlo en el debate de enmiendas parciales.
Por último, José Miguel Fernández (EB) ha rechazado la enmienda por "ofrecer muchos juicios de valor, pero demagógicos e imprecisos", y ha subrayado que la ley pretende "superar el antiguo sistema de servicios sociales de los años ochenta con uno nuevo".
El proyecto, que pretende vertebrar todos los servicios sociales de modo que no haya diferencias en sus prestaciones en los tres territorios, cuenta con el respaldo explícito de las tres diputaciones.
Establece el derecho de toda persona a los servicios sociales y prestaciones y garantiza la igualdad de acceso a las mismas sin discriminación por razón de sexo, edad, capacidad o recursos.
Estos derechos serán para todas las personas empadronadas en algún municipio vasco, las nacidas en el País Vasco y que residan fuera y todas aquellas que se encuentren en Euskadi "en situación de emergencia".
En el texto se determina que el sistema de servicios sociales se financiará con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma, de las diputaciones forales y de los ayuntamientos y que "nunca" los ingresos de una persona podrán determinar "el tipo, la intensidad o la calidad del servicio al que tiene derecho".
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