La secretaria judicial que fue suspendida por la cadena de errores que desembocó en el 'Caso Mari Luz', Juana Gálvez, ha leído hoy un comunicado en el que se quejaba de "las carencias de medios personales y materiales" que sufre la Justicia. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha convocado para el próximo martes una nueva reunión con las asociaciones judiciales para abordar propuestas concretas de mejora y para suplir esa misma falta de medios. De este modo, si intentamos mirar por encima de corporativismos y politizaciones, la crisis de la Justicia también nos ha traído algo positivo, y es que se está poniendo encima de la mesa el asunto de la carencia de medios.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2009, que hoy mismo han salvado el escollo de las enmiendas a la totalidad, destinan un 6% más de dinero en Justicia que el año anterior (el ministro Bermejo asegura que ese incremento es realmente del 10%). En cualquier caso, Santos Pastor, catedrático y director del Centro de Investigaciones en Derecho y Economía, asegura que para normalizar la situación de la Justicia "haría falta un crecimiento entre el 12 y el 14% sostenido durante cinco años", según los estudios que maneja.
Santos Pastor asegura que la falta de medios es una realidad, pero relativa. Y es que no puede generalizarse, ya que hay algunos órganos que funcionan mejor que otros, del mismo modo que hay algunas jurisdicciones en las que faltan medios y otras en las que sobran. De este modo, la dotación debería estar acompañada, en todo caso, de una mejora en los sistemas de gestión y administración de recursos para evitar despilfarros innecesarios (se gasta entre un 25 y un 30% que podría ahorrarse para conseguir los mismos objetivos). Estos sistemas resultan decimonónicos, según el catedrático, en parte debido a las continuas disputas entre los partidos políticos, que han impedido implementar convenientemente la reforma de la Oficina Judicial que se acordó en el año 2003.
Además, cualquier intento de reforma debe llegar acompañado de un estudio pormenorizado de cada situación particular. Por ejemplo, dentro del Tribunal Supremo, no todas las salas comparten problemas. La Sala Primera, que se ocupa de lo civil, tarda una media de seis años para resolver, por lo que deberían buscarse medidas de fondo, como la judicialización de una menor cantidad de conflictos, ya que entre un 10 y un 15% de los conflictos que llegan a la jurisdicción civil son por una cuantía menor a los 300 euros, los cuales podrían resolverse quizás por otros medios.
Hay una afirmación muy extendida en España que asegura que la reforma de la Justicia es la gran asignatura pendiente del país. Pero esta idea no se detiene en la frontera española, ya que también se percibe así desde el exterior. Nos lo cuenta Santos Pastor al afirmar que uno de los motivos por los que algunas empresas dejan de invertir en territorio español son las deficiencias que presenta el sistema judicial (el otro motivo es la rigidez del mercado de trabajo). De esta forma, el profesor asegura que una mejor dotación de medios y una respuesta más rápida de la Justicia serviría para atraer más inversión y generar un mayor crecimiento económico, según demuestran diversos estudios.
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