Santiago de Compostela.- El pleno del Parlamento gallego ha aceptado hoy a trámite el proyecto de ley de Vivienda de Galicia, un texto que recoge, entre otras novedades, la posibilidad de expropiación forzosa de pisos vacíos cuando no cumplan condiciones de habitabilidad, y también permite que los ciudadanos consulten la solvencia económica de los promotores.
La conselleira de Vivienda, Teresa Táboas, destacó el carácter marcadamente social de la norma al rechazar la enmienda a la totalidad que presentó el PP, grupo que considera que nace "caducada".
Teresa Táboas destacó las características de la ley, que consideró que coloca a Galicia en la vanguardia de legislación en la materia.
La responsable del departamento de la Xunta destacó que el proyecto prevé la creación de un Fondo Social de Vivienda como instrumento financiero al servicio de políticas en la materia.
También insistió en que, con este texto, por primera vez el fomento de alquiler como vía para acceder a una vivienda pasa a tener rango de ley.
Además, recoge la posibilidad de rehabilitar inmuebles de valor arquitectónico y que estén vacíos o deteriorados para ser destinados al alquiler subvencionado. A cambio, el dueño del inmueble cederá en régimen de alquiler a la entidad rehabilitadora por el tiempo necesario para costear el 70 por ciento de las obras.
El proyecto legislativo establece el deber del propietario de conservar el piso en condiciones normales de funcionalidad y a ejecutar las obras precisas en caso de que no reúna las condiciones necesarias y deja clara la potestad de intervención de la administración para garantizar la conservación de viviendas en caso de inacción de los Ayuntamientos, lo que trata de impedir la degradación de calles o barrios.
Por ello, el proyecto incluye la expropiación forzosa de un piso vacío por incumplimiento de su función social, es decir, cuando no cumpla condiciones de habitabilidad y deje de ser apta para su uso como vivienda.
Otro de los apartados de la norma crea un registro de agentes promotores de Galicia, al que podrá acceder cualquier ciudadano que quiera comprobar la solvencia financiera y técnica, así como las sanciones de cualquier entidad dedicada a la construcción.
Finalmente, la ley recoge mecanismos de lucha contra el acoso inmobiliario, es decir, el ejercido contra un inquilino al dejar que el inmueble se deteriore. Así, el usuario del piso tendrá derecho a un realojo facilitado por el propietario cuando las obras hagan necesario el desalojo de inquilinos.
Para concluir, Teresa Táboas dijo que el texto legislativo es "reivindicativo de las competencias exclusivas" que le corresponden a Galicia sobre vivienda.
El PP se pronunció abiertamente en contra de la norma y, en palabras de su portavoz, Pilar Rojo, "nace caducada" porque en el preámbulo hace referencia al "boom" inmobiliario, cuando ahora lo que hay es una situación de crisis.
Igualmente, la diputada popular sostuvo que, con el proyecto, desde Vivienda "se mete otra vez el dedo en el ojo" a la Consellería de Política Territorial, puesto que a su juicio se disputan competencias.
Para Pilar Rojo, la norma ha sido también "enmendada" por los socialistas, ya que, dijo, al final la conselleira no consiguió su pretensión de prohibir que los alcaldes sean, a la vez, promotores, por lo que en la norma se cita una mera declaración moral de intenciones. Además, destacó que, a los "catorce nuevos chiringuitos" creados por la Xunta en los últimos tres años, la norma incluye otros dos.
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