Murcia.- El PP en el ayuntamiento de Murcia presentará una moción al pleno del próximo jueves, en la que solicitará una reforma urgente de la Ley de Financiación Local, en la que el Ejecutivo central se comprometa a incrementar las partidas a los consistorios o a cubrir los gastos derivados de las competencias impropias.
Así lo anunciaron hoy el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y el concejal de Hacienda, Joaquín Moya-Angeler, tras conocer la intención del Gobierno de España de reducir la participación de los entes locales en los ingresos del Estado en los próximos presupuestos, y destacaron la necesidad de que esta reforma se lleve a cabo con "un acuerdo simultáneo y vinculado con las comunidades autónomas y los entes locales".
Según precisó el alcalde, el objetivo es que, antes de que finalice el año, las administraciones municipales cuenten con "normas claras y precisas que se adecúen a sus necesidades reales de financiación, les otorguen mayor capacidad normativa y se solucione el déficit arrastrado por la prestación de servicios impropios".
Añadió que el 80 por ciento de los ingresos que tienen los ayuntamientos proceden de los tributos municipales, lo que se denomina la corresponsabilidad fiscal, y de las actividades sujetas a licencia por parte de los ayuntamientos como los impuestos por construcción y obras.
En este sentido, comentó que los ingresos locales vinculados a la actividad económica están disminuyendo y han dejado de situarse en el 20 por ciento del total de ingresos de los municipios, y agregó que se dejarán de percibir en concepto de impuestos indirectos alrededor de 20 millones de euros el próximo año.
Cámara indicó que esto se suma al problema estructural de la financiación local que se arrastra en los últimos 30 años, debido a los servicios que presta el ayuntamiento sin ser de su competencia, que tienen un coste de unos 30 ó 35 millones de euros anuales, y que suponen el 20 por ciento del gasto corriente municipal.
Así mismo explicó que el 20 por ciento de las arcas municipales proceden de las transferencias estatales, es decir unos 40 millones de euros anuales de los 600 que recauda el Gobierno central en concepto de IVA, IRPF e impuesto de sociedades, y que si éstas se reducen los consistorios se verán una difícil situación.
"Rechazamos que el Gobierno de España quiera trasladar la crisis a los ayuntamientos y que sean los ciudadanos los que paguen la falta de ideas del Ejecutivo", denunció Cámara.
Ante esta situación, explicó que en la moción que se presentará el jueves, que va en consonancia con los acuerdos alcanzados en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FMRM) de solicitará esa reforma urgente, en la que se delimiten las competencias de las entidades locales y se igualen los criterios de flexibilidad de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para todas las administraciones.
La moción también incluirá la creación de un Consejo Local de Política Financiera, que se reúna trimestralmente con la Administración General del Estado, y en la que estén representados la FEMP, los ayuntamientos más grandes de España y una representación de los medianos y pequeños, para analizar la actualización del catastro, las transferencias estatales, la gestión de convenios y la cooperación administrativa.
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