Madrid.- El uso de la píldora postcoital o del día después habría evitado 270.000 abortos en los últimos seis años en España, lo que supone la mitad de las interrupciones voluntarias de embarazo que se produjeron en ese periodo si la prescripción de este anticonceptivo de urgencia fuera más accesible.
Así se desprende del último informe sobre la contracepción urgente en España elaborado por la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) que estima que un 18 por ciento de las diez millones de mujeres en edad fértil han utilizado alguna vez la píldora postcoital.
Este método, autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que actualmente se comercializa por dos laboratorios, está indicado en aquellas circunstancias tras el coito que puedan derivar en riesgo de embarazo no deseado como una relación sexual sin protección de ningún método anticonceptivo, un fallo o una mala utilización de los mismos.
Sin embargo, la presidenta de la FPFE, Isabel Serrano Fúster, considera que existen varios obstáculos para que la píldora del día después no sea accesible para la mayoría de las mujeres como la desigualdad que existe en la prestación de este tratamiento en las comunidades autónomas, su elevado precio (alrededor de 20 euros) y la objeción de conciencia a la que se acogen profesionales sanitarios para no administrarla.
En este sentido, Serrano ha destacado que "no existe ninguna prestación sanitaria salvo la referida a la salud sexual y reproductiva en la que se manifiesten tantas desigualdades en las comunidades autónomas".
Ha recordado que este anticonceptivo de urgencia no está incluido en las prestaciones farmacéuticas del Sistema Nacional de Salud y que en ocho comunidades -Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid, Murcia y La Rioja- la usuaria tiene que costear todo el precio.
Además, Serrano señala que solo en Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra y Andalucía hay algún tipo de normativa que regula la prestación de la anticoncepción de urgencia mientras que en el País Vasco y Madrid no existe ningún protocolo para todo el ámbito regional.
Respecto a la objeción de conciencia, la presidenta de la federación ha calificado de "muy preocupante" que haya médicos que consideren esta píldora como abortiva y no un método anticonceptivo autorizado por la OMS y que se comercializa desde el año 2001 por lo que la objeción "no cabe" en esta prestación.
De hecho, y según la federación, en las regiones de Asturias y Cantabria se han reducido el número de abortos desde que se ha implantado "una política decidida sobre la anticoncepción", mientras que Baleares (que tiene pendiente de aprobación un protocolo de actuación), Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia "tienen que mejorar" en las políticas de salud reproductiva.
En el caso de Madrid, Serrano ha denunciado que no haya servicios ni centros de referencia y que el gobierno autonómico siga una política "muy distinta a otras comunidades".
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