Perú no acudirá a la Corte Interamericana por la "Píldora del día siguiente"

Lima.-  El Gobierno del Perú descartó hoy acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que aclare si la "Píldora del día siguiente" es abortiva o no, después de que el Tribunal Constitucional (TC) prohibiera su distribución gratuita en los establecimientos públicos peruanos.

El Consejo de Ministros acordó, sin embargo, respaldar un pedido de aclaración de la resolución, presentado por el Ministerio de Salud ante el TC.

El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, explicó que el máximo organismo constitucional deberá precisar la forma en que se cumplirá su resolución, ya que existe otra de 2006 que dispuso implementar la política pública de repartir esa píldora.

Aunque precisó que el Gobierno respetará la decisión del Tribunal, añadió que cualquier ciudadano u organización que se sienta afectada por la decisión puede acudir a la justicia internacional.

Velásquez también dijo que, una vez conocida la aclaración, el tema "quedaría zanjado para el Gobierno".

El ministro de Salud, Oscar Ugarte, dijo que la gestión del Gobierno busca conocer el procedimiento que deberá seguirse con el lote de píldoras que compró su despacho para distribuirlas de manera gratuita.

El fallo del TC, el 22 de octubre pasado, se produjo en medio de una polémica en Perú, país con una aplastante mayoría católica, por la decisión del Congreso de mantener abierto el debate para permitir el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro o en caso de violación.

Además, el caso ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el derecho de las mujeres a tomar una decisión informada en torno al control natal, así como la separación del Estado y la Iglesia en Perú.

Si bien el presidente peruano, Alan García, ha evitado entrar en el debate en torno al Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), conocido también como la "Píldora del día siguiente", sí lo han hecho varios de sus ministros.

Entre los defensores del uso de esta píldora están los titulares de Salud y de la Mujer, Óscar Ugarte, y Nídia Vílchez, y en el otro extremo, el de Defensa, Rafael Rey, vinculado al Opus Dei.

Rey, además de ser el único en el Gabinete en defender el fallo del TC, ha exigido que no se venda el AOE en las farmacias privadas, y, como en el caso del debate sobre la despenalización del aborto, ha amenazado con renunciar a su cargo si el Ejecutivo adopta una posición contraria a la suya.

Ugarte manifestó hoy, por su parte, que la prohibición para que se distribuya gratuitamente la píldora en centros públicos de salud, pero sí su comercialización, emitida por el TC no se basa en "una duda razonable sino irracional".

El ministro de Salud agregó que el fallo, elogiado por la Iglesia Católica, podría tener un "efecto devastador no solo frente a este método, sino frente a la planificación familiar como política de Estado".

Ugarte explicó que la "Píldora del día siguiente" contiene un tipo de hormona llamada levonorgestrel, presente también en los anticonceptivos orales, y bajo este principio, agregó, podrían prohibirse también estos fármacos.

En medio de esta disyuntiva, los representantes en Lima de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), del Fondo de las Naciones Unidas para la Población y de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología reiteraron que la píldora no tiene efecto en la inhibición del óvulo fecundado y por consiguiente no es abortiva.

En Perú, el aborto es ilegal y constituye un delito contra la vida, pero se permite en el caso de llamado "aborto terapéutico" (cuando la vida de la madre está en peligro), una ley vigente desde 1924, pero que 85 años después no cuenta con un protocolo médico.

Pese a su prohibición por ley, se realizan más de 350.000 abortos inducidos cada año, según las organizaciones feministas peruanas.